El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado este miércoles el calendario de cierre de la institución en periodos vacacionales para 2022.
La medida, que aplica desde 2012, obedece a razones económicas en cuanto supone un ahorro en la prestación de los grandes contratos de la universidad y también de organización interna, porque condensa los periodos vacacionales y, en opinión de la Gerencia, optimiza los recursos humanos para que estén disponibles en los periodos críticos del centro académico, informa la ULL.
El cierre viene apoyado en un informe de la asesoría jurídica de la institución universitaria, toda vez que el Comité de Empresa del PAS Laboral solicitó una consulta a este órgano en la pasada sesión de Consejo de Gobierno del 21 de enero, al entender que esta medida conculcaba algunos derechos recogidos en el convenio colectivo de las universidades públicas canarias, por cuanto afectaba a su capacidad de disfrute del periodo vacacional y la efectiva conciliación familiar.
El informe jurídico se remite a un recurso de reposición que sobre la misma materia se presentó en 2018 y que fue desestimado por el entonces rector, y que fue posteriormente llevado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde también recayó sentencia desestimatoria en 2020.
La fijación de los días inhábiles a efectos de cómputo de plazos es un mero acto administrativo que simplemente, explica la instancia judicial, ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos que se relacionen con la Universidad de La Laguna. Se trata por tanto de un acto firme y plenamente aplicable, añade la asesoría jurídica.
Así, y según este acuerdo, la Universidad de La Laguna cerrará sus puertas en tres periodos anuales en Semana Santa, del 11 al 17 de abril, ambos incluidos; agosto, del 8 al 23, ambos incluidos; y Navidad, del 30 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, las dos fechas igualmente incluidas.
Según el informe presentado por la Gerencia al órgano colegiado, estos cierres suponen un ahorro de 800.000 euros al año, dado que se recortan y optimizan los grandes contratos de la universidad en lo referido a su mantenimiento, es decir, los de vigilancia y limpieza, aunque también se producen ahorros en el consumo de agua y de energía eléctrica.