“Nos mintieron, nos dijeron que adaptarían los contratos a cada situación familiar”. Con 750 euros que recibe de ayudas familiares, Marta Suárez vive junto a su marido y su hija de 5 años en una las 358 viviendas de protección oficial en Añaza (Santa Cruz de Tenerife Tenerife) que el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, compró al Santander en febrero por casi 25 millones de euros para evitar que se produjeran desahucios por impagos.
Nueve meses después, Visocan le ha enviado una carta en la que le insta a firmar un contrato de alquiler que le obliga a pagar una mensualidad de 300 euros y hacer frente a una deuda que se remonta a julio de 2016; de no firmar el contrato el 2 de diciembre, Visocan asegura que procederá al desalojo del inmueble. “Entre la renta, la deuda, el agua y la luz serían casi 600 euros al mes, me quedarían 150 para comer, es horrible”, afirma.
Estas viviendas fueron construidas en suelo público en régimen de VPO hasta 2021. Suárez decidió mudarse en 2014. Durante tres años pagó su mensualidad de 240 euros a Luri 6, del Banco Santander, según asegura, pero en 2016, cuando le subieron el arrendamiento “hasta los 360 euros”, ella, así como otros vecinos, decidieron dejar de abonar el pago. Desde entonces se generaron conflictos bajo amenazas de desahucios constantes hasta que el Gobierno regional compró los inmuebles.
En febrero, tres meses antes de las elecciones, el entonces presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, aseguraba que esas VPO pasaban a ser “vivienda pública” y tendrían acceso aquellas personas “que tienen derecho y lo necesitan”; “analizaremos cada circunstancia y eso implicará modificaciones de los contratos de alquiler”, afirmaba.
“Nos dijeron que iban a establecer los contratos según la situación de cada familia, pero esto no ha sido así. Han fijado un precio de 300 euros a todos”, protesta Suárez.
El gerente de Visocan, Víctor González, asegura que la empresa pública “ha mejorado las condiciones de los vecinos” y “todos saben que tienen que pagar la renta establecida de 300 euros” y, en caso de no poder asumir el arrendamiento, “deben tramitar a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife las ayudas correspondientes”.
Sobre la deuda, González ha explicado que los vecinos “la pueden negociar y aplazar hasta los tres años”. Suárez está citada para el 2 de diciembre para que firme el contrato. En la carta, firmada por González, Visocan considera que “está obligado a adoptar medidas legales oportunas a fin de proceder al desalojo del inmueble, al carecer esa parte de título legal alguno que le ampare para continuar ocupando la vivienda aludida”.
Sin embargo, González afirma que si Suárez no firma el contrato, se valorará “en su momento qué decisión adoptar” y añade que “la mayoría de los vecinos ya han firmado”.
Suárez reconoce que teme lo que pueda ocurrir el próximo 2 de diciembre, pero tiene claro que no puede firmar ese contrato porque sus condiciones actuales no se lo permiten. Afirma que ha acudido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pero, para poder pedir las ayudas al alquiler, precisa de un contrato firmado y “el dinero tarda meses en llegar”, un tiempo en el que no podría hacer frente a los gastos mensuales de alquiler y deuda.