La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria han desmantelado un entramado dedicado al blanqueo de dinero negro de origen ruso a través de una empresa que adquirió una antigua sala de fiestas en Tenerife para reconvertirla en un centro comercial de lujo.
En el marco de la denominada Isla Sorna, desarrollada en Tenerife, han sido detenidas cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española, informan fuentes del Instituto Armado.
Se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad.
Estas personas presuntamente se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación, eludiendo así toda responsabilidad fiscal y tributaria.
La investigación se remonta a principios de 2018, cuando la Guardia Civil detectó que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevar a público otorgados por ciudadanos de origen ruso.
Unos meses antes esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife con el fin de reconvertirlos en un centro comercial de lujo.
El desarrollo conjunto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria permitió conocer que dicha empresa, para iniciar su proyecto de reconversión, tuvo que recurrir a fondos de inversión y sociedades extranjeras de capital ruso y peculio de dudosa procedencia.
En concreto, recurrieron a fuentes de financiación a través de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, lugar este último en donde una de las sociedades prestamistas se encontraba vinculada a un despacho de fiducia asociado a multitud de sociedades pantalla de tipo vehicular.
A través del empleo de dichas sociedades pantalla habrían logrado préstamos hipotecarios por importes superiores a los 23 millones de euros, algunos de ellos con intereses de hasta el 25%.
A su vez, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para la introducción de fondos en España, concretamente en Tenerife, compatible con las fases del blanqueo atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Gracias a la práctica de un sistema de 'ingeniería fiscal' conseguían devenir posteriormente estas operativas, con el objetivo de evitar en última instancia el pago de impuestos a la administración tributaria.
En total se han practicado seis registros, cuatro de ellos en domicilios de los investigados y dos en empresas mercantiles de Tenerife, en los que ha sido requisada abundante documentación de tipo económico (contabilidad y facturación principalmente), dinero en efectivo, así como dispositivos de telefonía, informática y electrónica.
El Juzgado de Instrucción 3 de Arona, que ha actuado en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, ha acordado la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por importe total aproximado de 45 millones de euros, para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias.
En la operación han intervenido en sus diferentes fases, por parte de la Guardia Civil, la Unidad Central Especial número 3, Subgrupo de Investigación Económica, Área Técnica, Unidad de Seguridad Ciudadana Comandancia, Servicio Aéreo, Sección de Información de la Zona de Canarias, Seprona de Playa de las Américas y Seguridad Ciudadana de Playa de las Américas y Santa Cruz de Tenerife.
Y también ha participado el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).