Archivada la denuncia contra la empresa pública Balten por un presunto suministro de agua de riego a vecinos del barrio “ilegal” del sur de Tenerife

La fiscal Laura Matas González archivó la denuncia presentada en mayo del año pasado (el día 22) por la entonces consejera insular María José Belda y la concejala de Sí Podemos Arona contra la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) por el supuesto suministro de agua regenerada, pero no apta para el consumo o el aseo, a vecinos de las urbanizaciones “ilegales” levantadas desde hace unos 12 años en la zona de Lomo Negro, al norte del barrio de El Fraile, en Arona (sur de Tenerife).

Ambas políticas denunciaban esta situación por entender que los usuarios estaban afrontando riesgos por el consumo de agua que solo está concebida para uso agrícola o de campos de golf, pero no para abasto y aseo personal. Por eso, acusaron a Balten de estar cometiendo un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en un lugar que, encima, estaba lleno de irregularidades por la construcción de un mínimo de 400 viviendas en suelo rústico en el que no está permitido y con unas reparcelaciones que tampoco contempla la ley.  

Sin embargo, y en un oficio que no ha trascendido hasta ahora, pero que es del pasado 21 de noviembre, la fiscal sostiene que, tras las diligencias preprocesales desarrolladas, “no consta acreditado el uso de dichas aguas por parte de las viviendas de construcción ilegal que se encuentran en la zona y, en el caso de así serlo, no podría ser atribuido delito alguno a la empresa Balten, que no ha suministrado el agua para su consumo e indica, de forma clara y visible mediante carteles, que se trata de agua regenerada y no potable y apta para el consumo humano”.

Pese a esta decisión, Aliotti, en declaraciones a Canarias Ahora, considera que existen muchos indicios de que esto sí se produjo, aparte de insistir en su rechazo a unas construcciones en la zona sin ningún tipo de licencia y en un espacio rústico y con valores medioambientales y animales que no han sido protegidos. Eso sí, entiende la parte social y humana de familias que optan por esta salida ante la gran falta de vivienda en general y, en el sur, en particular, si bien subraya que se ha debido actuar, desde las administraciones públicas, de otra manera en este caso para evitar la actual situación, con una denuncia de la Fiscalía contra esas 400 familias o inversores, aparte de los promotores, por un atentado contra la ordenación del territorio.

Además, el consultor, inmobiliario y representante de una quincena de afectados por esta denuncia, Fernando Ucha, aseguró a Canarias Ahora, en una reciente entrevista, que son “muchos los vecinos de estas autoconstrucciones que se han podido empadronar y conectar a la red municipal de agua con la simple compra de un contador, aparte de pagar la basura y el IBI”.

Poco después de conocerse la denuncia, en 2023, este periódico preguntó a Balten por ese presunto suministro de agua para riego y desde la empresa se aseguró que en una inspección por la zona no se detectó ningún enganche ilegal. Además, subrayó que no se hacen contratos de agua para consumo, solo para riego, y que los usuarios firman una declaración responsable en la que especifican qué cultivo hacer y de qué superficie. Si finalmente esa agua se utiliza para consumo, no podían saberlo.