Lomo Negro, un barrio ilegal en el sur de Tenerife que pretende consumarse sobre irregularidades, especulación y la crisis de vivienda

El problema de la vivienda, y más en zonas con gran presión turística como son los municipios tinerfeños de Adeje y Arona, en el sur de la Isla, es un clásico desde hace muchas décadas, si bien se ha agudizado como nunca en los últimos años, con anuncios en internet que espeluznan sobre alquileres en casetas de campaña en azoteas; locales comerciales, garajes o trasteros para parejas; camas a compartir o habitaciones, pero sin derecho a cocina y baño, y muchos otros ejemplos en este Archipiélago de récords turísticos.

Como en casi todo, los humanos buscamos cómo driblar las dificultades con muy diversos ardides y, en este caso, una opción por la que algunos optan es arriesgar con la compra de parcelas en suelo rústico (de protección agrícola o no), la autoedificación de muy diversa motivación (social, especulativa, inversora…) y resultados, así como la confianza en que, por la fuerza de los hechos consumados y el paso del tiempo, todo acabe legalizándose o en una perpetua e inocua espera. Es lo que ocurre desde hace más de un decenio (y donde sigue habiendo obras y gente en techos y azoteas en plena faena, como comprobó hace días este periódico) en la zona aronera de Lomo Negro, al norte del célebre núcleo de El Fraile, muy cerca de la playa y puerto deportivo de Las Galletas.

Que aquellos que compraron en estas reparcelaciones en suelo rústico, divisiones que prohíbe la ley por debajo de los 10.000 metros, arriesgaron (conscientes o no) lo prueba la denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife del pasado diciembre tras ponerlo en su conocimiento el anterior Gobierno autonómico después de que, en octubre de 2022, el propio Ayuntamiento aronero se dirigiera a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. El consistorio precintó la zona, pero esta clausura se rompió, tal y como se constató el 2 de diciembre de ese año. 

Es cierto que la reacción de las administraciones se hizo esperar, dado que esto comenzó, al menos, hace 12 años, pero el argumento ha sido el mismo y contundente: se está habilitando una urbanización sin los permisos pertinentes, en suelo no apto para eso (en rústico no cabe el uso residencial de nueva planta y estos terrenos no se pueden reclasificar en urbanos en, al menos, 20 años) y se ha propiciado hasta ahora el asentamiento de un centenar de casas de muy diverso tipo (algunas móviles, otras con piscinas y hasta existe una ferretería), lo que se traduce en unos 400 vecinos, de los que unos 200 sí han logrado empadronarse sin que aún se sepa muy bien cómo.    

En principio, siempre se ha apuntado a una parcela de 150.000 metros cuadrados de un único promotor y vallada con planchas metálicas de color verde que va desde la calle Lomo Verde a la vía más al norte de El Fraile y que colinda hacia el este con la carretera general de la zona. En este espacio, y según la investigación, se han vendido terrenos de una media de 400 metros cuadrados (desde 39.000 euros y con anuncios en portales y sitios web) cuando el mínimo divisible que posibilita la norma son 10.000. En tal caso, y aunque hay varios carteles con diversos números de móvil que recalcan la venta con “escritura pública”, no se matiza que únicamente se está adquiriendo un porcentaje de esa parcela, con lo que, sabiéndolo o no, el que compra se arriesga a poseer una propiedad a medias y levantar una construcción con no pocas papeletas para su demolición, sanción incluida.

Sin embargo, junto a este espacio vallado, en el que también hay carteles que dejan claro que se trata de una propiedad privada inaccesible, se ubican otras construcciones de distinto porte y características a las que sí se puede llegar sin atravesar nada, en las que se trabaja en la actualidad (al menos, en algunas, como pudo comprobar Canarias Ahora), donde se halla una compañía de venta de casas modulares de madera y con vías sin asfaltar en las que se aparcan vehículos. Según las fuentes consultadas, también en esta parte se carece de los permisos oportunos.

La polémica por esta “ciudad ilegal”, tal y como se ha presentado en trabajos periodísticos de Nacho Martín (Diario de Avisos) y otras publicaciones, se acentuó a mediados de mayo de 2023, cuando la entonces concejala del Grupo Mixto y candidata local de Drago Canarias, Antonella Aliotti, así como la consejera no adscrita del Cabildo de Tenerife María José Belda (que fue portavoz de Sí Podemos) denunciaron ante la Fiscalía a la empresa pública del Cabildo Balsas de Tenerife (Balten) por el supuesto suministro de aguas regeneradas para consumo humano, según los registros de algunas casas de Lomo Negro, con el consiguiente riesgo porque este líquido reutilizado no tiene ese fin, sino agrícola y otros. Además, y al tratarse de casas “irregulares”, tampoco caben esas conexiones. Estos hechos, sin embargo, no forman parte de la denuncia posterior de la Fiscalía, si bien sí se ha constatado que, al menos una decena de compradoras, se han podido acoplar a la red municipal.

Preguntada por estos supuestos enganches, Balten negó a este periódico tras la denuncia en la Fiscalía tener ningún contrato de abasto para viviendas y explicó que los que tramita son solo para agua de riego. Esta, detalló, aunque tiene controles biológicos, no pasa por los mismos que el agua para consumo. Para formalizar los contratos, declaró Balten, el cliente hace una declaración responsable en la que indica qué tipo de cultivo tiene y cuánta agua necesita, pero la empresa no lo comprueba. “Todos los abonados conocen las condiciones”, indicaron fuentes de la empresa. Tras la denuncia, Balten realizó una inspección ocular en la zona, pero “no se detectó ningún enganche irregular”. Sí se constató un aumento en el consumo de agua en la zona, pero Balten argumentó que también se había producido en otras partes de la isla y lo achacó a la falta de lluvias y a las olas de calor.

Con todo, y a la espera de que el gobierno local se pronuncie sobre qué pretende hacer con esta situación, más allá de la actuación de la Fiscalía y los juzgados o precisamente por ella, las obras, los carteles y los anuncios en internet continúan. Partidos del gobierno, sobre todo Más por Arona (coligado con PP y CC), no han escondido su apoyo a la legalización y otros, por el contrario, tienen claro que eso es inviable y que, mientras unos han hecho negocio, otras personas están arriesgando mucho (conscientes o no) sus inversiones, en muchos casos acuciados por los imposibles precios de la vivienda en todas las Islas y por su situación socioeconómica. 

Canarias Ahora ha pedido (y aún espera) la opinión del equipo gobernante municipal y ha contactado con uno de los responsables de estas construcciones, que recalca que no es “promotor”, Fernando Ucha, quien detallará en los próximos días en este periódico su visión. Lo que resulta evidente es que quedan muchos capítulos por escribir de un ejemplo de libro de riesgo inversor, irregularidades, evidente especulación, beneficios, denuncias, posturas contrapuestas sobre el urbanismo y hondas causas sociales que llevan a hechos que, por la vía o no de la consumación, desatan polémicas con múltiples aristas.