El Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife (Coactfe) ha recurrido ante los tribunales la convocatoria del concurso para la redacción del proyecto, ejecución de las obras y gestión de las piscinas cubiertas de Candelaria. Y lo hace porque, una vez más, considera que se deben licitar certámenes independientes para cada una de estas adjudicaciones.
Otro tanto ha hecho ya con las pisicinas de Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife, o la sede de la Policía Autonómica, recurso este último que finalmente ganó. En un primer momento, el Juzgado de lo contencioso número 1 de Santa Cruz consideró que el Colegio no estaba legitimado para acudir a los tribunales por este motivo.
Sin embargo, con posterioridad el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha puesto del lado del Coactfe y le permite continuar el procedimiento en contra del concurso. Los profesionales apuntaron que entre las responsabilidades del Colegio se encontraba velar por la defensa de los intereses colectivos de los arquitectos.
En este caso consideraron que la convocatoria conculcaba los principios de igualdad y se había prescindido del todo del procedimiento legalmente establecido. Además, se omitió la necesidad de redactar el preceptivo anteproyecto y no se daban las circunstancias excepcionales para proceder a la vez a la contratación conjunta del proyecto y ejecución de obras.
El TSJC considera que la personación del Colegio está justificada en cuanto defienden los derechos e intereses del colectivo, dado que en este caso se pueden haber visto cercenadas sus posibilidades de participación como consecuencia de la indebida publicidad del concurso. Pero además, el hecho de no existir un anteproyecto y por lo tanto no haber sido sometido a información pública, ha impedido a los arquitectos la posibilidad de acceder a la contratación del mismo.
De esta manera se ha limitado su participación, exclusivamente al arquitecto seleccionado por la contrata, quien puede variar de forma importante el proyecto elaborado por otro profesional. Al convocarse además, la ejecución de las obras y la gestión de las futuras piscinas se impide que participen en la licitación todos aquellos profesionales que son capaces de elaborar un proyecto pero no a la vez de ejecutar las obras.
Y es que estos profesionales no tienen por qué ser propietarios de una constructora, ni de una empresa que pueda luego gestionar las instalaciones. Lo cierto es que en este momento ya se ha fallado el concurso, con lo cual en caso de que finalmente los tribunales den la razón al Colegio Oficial, éste quedaría anulado, se tendría que convocar otro y además el Ayuntamiento se verá obligado a indemnizar a los actuales adjudicatarios.
El abogado del Colegio, Pedro Ravina, indica que están procediendo a recurrir todos los concursos que se convocan bajo estas premisas con el fin de sentar jurisprudencia y evitar que se vuelvan a repetir.