Sí Podemos Canarias ha atribuido al activismo social y a la presión popular en las calles y en el Puertito de Adeje (Tenerife) la paralización cautelar de las obras del proyecto turístico de Cuna del Alma por parte del Gobierno de Canarias.
“Esperamos que esta paralización sea de carácter definitivo”, ha manifestado el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, tras conocerse que la Consejería de Transición Ecológica ha ordenado este jueves que cesen las obras de forma cautelar por posible daño ambiental sobre una población de viborina triste, una especie vegetal protegida.
Para Marrero, ni el Ayuntamiento de Adeje ni el Cabildo de Tenerife “hicieron bien sus tareas desde el principio y dejaron pasar aspectos de cuidado medioambiental y arqueológico”.
Pero el activismo, la lucha social en las calles y en el lugar han llevado a que la Consejería de Transición Ecológica plantee la revisión de las afecciones sobre la biodiversidad y a que desde la Dirección General de Patrimonio se haya multado a los constructores por el destrozo arqueológico, según el portavoz.
Es “un primer fruto” y “esperamos que sea con carácter definitivo”, frente a “una concepción desarrollista del turismo y la construcción en la isla de Tenerife a la que desde Sí Podemos Canarias nos hemos opuesto desde el principio”, ha declarado Marrero.
Dos paralizaciones en menos de un año
Esta es la segunda paralización de las obras que se ordena en menos de un año. El 31 de mayo la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife dictó una resolución por la que se suspendieron de manera cautelar los trabajos en una parcela del terreno muy próxima a una reserva protegida.
También el 2 de septiembre, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias abrió un expediente sancionador a la promotora por ''la alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico''. La empresa había promocionado Cuna del Alma como una propuesta de ''crecimiento sostenible'' para el sur de la isla. Sin embargo, tras la apertura de este expediente, se expone a una sanción de 600.000 euros por una infracción ''muy grave'' contra el patrimonio.