El proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas junto al espacio natural protegido de Playa de La Tejita, en el sur de Tenerife, ejemplifica la incapacidad de las administraciones públicas para enfrentarse a un posible escenario de indemnizaciones si se suspendieran las obras, tal y como reclama un sector de la población, asociaciones, formaciones políticas y hasta el propio Ejecutivo regional.
La eventual paralización de la operación turístico hotelera en una de las últimas playas desurbanizadas en Tenerife, y que además afronta una serie de denuncias y polémicas en su tramitación, tendría costosas consecuencias al existir licencias y permisos de construcción validados.
En el caso del hotel La Tejita Beach Club Resort, proyecto para uso turístico hotelero de la empresa Construcción, Promoción y Derivados (Grupo Viqueira), la tramitación ha pasado entre otros por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Gobierno del Estado en cuanto a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Tenerife Sur; de la Consejería de Turismo del Cabildo insular sobre condiciones de capacidad alojativa, y también de Política Territorial del Gobierno regional, en relación a la ejecución del proyecto y la servidumbre de tránsito y protección del dominio público marítimo terrestre.
Precisamente, el área de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con el consejero José Antonio Valbuena, se ha significado en las últimas horas recordando que hasta en tres ocasiones ha instado al Servicio Provincial de Costas para suspender las obras en lo que se resuelve la revisión del deslinde público marítimo terrestre -en proceso- y que podría ampliar la zona de protección del litoral desde los veinte actuales hasta los cien metros y hacer inviable el hotel, cuyo esqueleto ya marca el horizonte.
Mientras Valbuena insiste que no tiene competencias para paralizar las obras, igual que ocurre con otras instituciones públicas, las que sí resultarían competentes hacen mutis por el foro, también con la sombra de tener que abonar compensaciones a los promotores de la obra.
El Ayuntamiento de Granadilla, con el alcalde nacionalista José Domingo Regalado en coalición con el PP, guarda silencio sobre el proyecto para uso turístico hotelero de la empresa Construcción, Promoción y Derivados, del Grupo Viqueira, que recibió la licencia municipal el 21 de diciembre de 2018, y por el que recibió algo más de 18,5 millones de euros por el impuesto fijado en la ordenanza de construcciones, instalaciones y obras. Las pocas manifestaciones públicas que ha hecho Regalado sobre este proyecto desde el inicio aluden al cumplimiento de la legalidad y la posible deriva en indemnizaciones si se bloqueara su ejecución.
Lo cierto es que esa aprobación por parte del grupo de gobierno municipal de CC y PP se hizo vencido el plazo de dos años máximo contemplado en la resolución de la Viceconsejería de Política Territorial del 3 de junio de 2016 para comienzo de las obras. De hecho las obras de La Tejita Beach Club Resort no arrancaron hasta el pasado verano.
Dispone el proyecto previsto en suelo urbano consolidado de la Avenida de Los Abrigos, sector Costabella, en La Tejita, unos 80.275 metros cúbicos de volumen edificable según los parámetros urbanísticos del hotel, con algo más de 38 mil metros cuadrados en superficie construida, 26.700 de edificable, en dos parcelas, con 10,4 metros de altura máxima edificable, 342 habitaciones para 883 plazas y con tres alturas escalonadas.
Por lo que respecta a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar -lo que siempre fue Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, también el silencio es su consigna, para desesperanza de los contrarios al proyecto del hotel y del propio Valbuena.
A la falta de respuesta ante los requerimientos realizados por otras instancias sobre la autorización de la obra y los efectos sobre la zona de dominio público, se suman unas actuaciones en el proceso de tramitación del expediente que ha levantado suspicacias entre organizaciones como Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), quienes encabezan los recursos penal y contencioso hasta ahora presentados.
Así, la incoación de la revisión del deslinde en esta zona del litoral -y que afectarían a la viabilidad del hotel- fue autorizada por la Dirección General ministerial el 12 de noviembre de 2018 y notificada al Servicio Periférico de Costas en Tenerife al día siguiente. Pero tuvieron que pasar tres meses hasta que en las dependencias de Costas en la isla se inicia el procedimiento de revisión del deslinde, el 11 de febrero de 2019, lo que dio tiempo a que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobara la concesión de la licencia de obra.
El colectivo Salvar La Tejita y organizaciones como Sí se puede han puesto en tela de juicio en diferentes ocasiones la actuación en este asunto de la subdelegada del Servicio Provincial de Costas, María Teresa Sánchez Clavero quien, como es costumbre en ese departamento, no suelta palabra.
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