Las actas de los consejos de administración evidencian el liderazgo de Carlos Alonso en las operaciones del NAP

David Cuesta

30 de noviembre de 2021 21:52 h

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El expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso (Coalición Canaria) jugó un papel decisivo en las operaciones de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, según revelan las actas de los consejos de administración de la entidad, a las que ha tenido acceso Mírame Televisión. El actual portavoz de los nacionalistas en la Corporación insular lideró acciones claves en la gestión de la entidad mixta, que fue rescatada por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) después de registrar pérdidas millonarias, y ostentó poderes en el proceso de compra de las acciones a los inversores privados de la sociedad.

La participación de Carlos Alonso llega a ser más activa que la del entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, que se mantenía en segunda línea en las sesiones, según se refleja en las actas de los consejos de administración. Junto a ambos, destaca la posición que jugó el entonces director-gerente del ITER, Manuel Cendagorta, otro de los vértices del triángulo de mando en las operaciones del NAP. Los tres están imputados en la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona, tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta malversación de fondos públicos de 12 millones. 

Las actas de los consejos de administración del ITER, de la empresa Napwaci (por sus siglas en inglés) y de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) revelan el papel protagonista de Carlos Alonso en decisiones como la compra de los terrenos de la ciudad deportiva de Geneto o la negociación para la adquisición de las acciones privadas del NAP.

Carlos Alonso tenía una participación activa en los consejos de Administración del NAP, donde actuaba en calidad de invitado, ya que ni siquiera ostentaba la condición de consejero. Una situación que no fue obstáculo para que el entonces vicepresidente del Cabildo asumiera la responsabilidad de defender gestiones como la venta a la empresa pública Parque Científico y Tecnológico de una parcela de Geneto, que la entidad había adquirido a una promotora del CD Tenerife, o la negociación con la sociedad Terremark sobre su continuidad en el proyecto. 

En los consejos de administración del ITER, la voz cantante recaía sobre el entonces gerente, Manuel Cendagorta, que fue el encargado de explicar las operaciones que condujeron a la absorción del NAP y la compra de las acciones a los inversores privados (Napwaci era un entidad constituida al alimón entre el Cabildo de Tenerife y un grupo de empresarios), pero el desarrollo de las operaciones se dejaba también en manos de Carlos Alonso. 

Los 14 investigados en la causa penal son todos miembros del Consejo de Administración del ITER, es decir, las mismas personas que acordaron en mayo de 2012 la absorción del NAP y la compra de las acciones privadas. En las actas se evidencia que ninguno de los ahora imputados puso reparos o cuestionó la operación, ni en la sesión principal ni en el resto de reuniones que se celebraron para formalizar el rescate.

Donde único se expresaron dudas fue en el Consejo de Administración de PCTT que aprobó la compra de los terrenos de la ciudad deportiva. Fue el entonces consejero del PSOE José Luis Delgado, hoy director general del Gobierno de Canarias, quien preguntó por la viabilidad de una operación que habían defendido en distintas sesiones Ricardo Melchior y Carlos Alonso, encargados de convencer al resto de consejeros de la necesidad de adquirir las parcelas. Casi una década después, el Cabildo sigue sin dar uso al suelo de Geneto, por el que la empresa pública desembolsó casi 19 millones de euros.

Estos son los consejos de administración que adoptaron las principales decisiones que llevaron, por un lado, a la ruina del Napwaci y, por otro, al rescate de la empresa mixta y la compra de los terrenos de Geneto por un precio un 524% superior a su valor catastral. 

Consejo de Administración del NAP de 23 de julio 2009

En la sesión estuvieron presentes los cinco miembros del Consejo de Administración de Napwaci: Ricardo Melchior; Manuel Cendargorta; el empresario José Ana Pérez Labajos, principal inversor privado; Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular y representante de la entidad Terremark; y José Luis Pérez. 

También asistieron como invitados, entre otros, Carlos Alonso, que entonces era vicepresidente del Cabildo de Tenerife y tuvo un papel destacado en la sesión; José Luis Cendagorta, hermano del gerente del ITER y exconsejero delegado de otra empresa pública de la Corporación insular, Canalink; junto a Guillermo Amore, director de la entidad Terremark. 

Terremark es la empresa que fue contratada por Napwaci en 2006, el mismo día de su constitución, para llevar a cabo la formulación e implementación de un plan de ejecución para la construcción del edificio del NAP. La empresa representada por Hernández Mancha cobró 3,2 millones de euros por un proyecto que nunca se llevó a cabo, ya que el centro de datos se construyó en unos terrenos de Granadilla de Abona y no en Geneto, como estaba inicialmente previsto.

El cambio de ubicación de la infraestructura del NAP provocó que en el Consejo de Administración de 23 de julio de 2009 se debatiera una propuesta para modificar la relación con Terremark. La iniciativa fue defendida por Carlos Alonso, que intentó convencer a los delegados de la empresa para que se sumaran a la nueva estrategia.

Según el acta de la sesión, la propuesta consistía en que el ITER asumía la construcción del nuevo edificio, con un coste que se calculaba en 17 millones. Por el arrendamiento de la infraestructura, la sociedad del Cabildo cobraría a Napwaci el 7% del coste final del proyecto para los primeros mil metros cuadrados construidos y del 10% para el resto de los módulos. El precio del alquiler se compensaba mediante el coste de la gestión de la explotación, por lo que la opción planteaba “un resultado neto de ese flujo prácticamente cero”. 

El acuerdo propuesto por Carlos Alonso consistía en la entrada de Terremark en el accionariado del NAP con una aportación de dos millones y medio de euros antes del final del tercer trimestre de 2009, cuando el ITER completaría su participación con otros 500.000 euros. Para cerrar la operación se requería la firma de dos nuevos contratos.

La propuesta de Alonso tropezó con la oposición de Terremark. En la sesión, Guillermo Amore consideró “inaceptable no tener el control del tráfico”, a lo que el entonces vicepresidente insular respondió que “todo ha cambiado y que hoy este es el único modelo posible, señalando que el ITER está sosteniendo el proyecto”, según se recoge en el acta. En ese momento intervino Ricardo Melchior para manifestar que “hay que decidir sin dilaciones y que el único gesto aportado es el del Cabildo de Tenerife”.

El enfrentamiento culminó con el anuncio de Guillermo Amore de llevar la oferta ante la Junta General de la empresa, a lo que Ricardo Melchior respondió que “el que no quiera seguir, que no siga” y defendió que el Cabildo podía ejecutar el proyecto “con o sin Terremark”. Carlos Alonso cerró el debate con la petición de que la respuesta llegase en un plazo de 15 días “porque no se puede dilatar más”.

Ese mismo año 2009, Terremark rechazó la oferta y abandonó su colaboración con el Napwaci. En 2011, con el centro de datos ya en funcionamiento en Granadilla y sin justificación aparente, el ITER compró por cuatro millones el proyecto elaborado por Terremark (cuyo precio original fue de 3,2 millones) para la puesta en funcionamiento del centro de la infraestructura en Geneto, a pesar de que ya era propietario de la mitad por su condición de socio del NAP. Esta es una de las operaciones bajo sospecha judicial que han sido denunciadas por la Fiscalía Provincial.

En la misma sesión, el gerente del NAP ya advertía de la necesidad de obtener “una importante inyección económica para poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones contraídas”, en alusión a la deuda financiera, principalmente con CajaCanarias, por la compra de la parcela de Geneto. Fue el ITER el que llenó la caja de Napwaci mediante préstamos que también forman parte del esqueleto de la denuncia de la fiscal.

Consejo de Administración del NAP de 25 de noviembre 2009

Esta sesión es importante porque en ella se informó a los presentes de la situación en la que se encontraba la negociación para la venta de la parcela de Geneto, que en 2012 fue adquirida por PCTT, junto con otra aún propiedad del CD Tenerife, por un precio inflado, según el interventor general. Cuando se compraron los terrenos, ya se había tomado la decisión de instalar la infraestructura del parque tecnológico en la zona de Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. En la reunión participó, de nuevo como invitado, el vicepresidente Carlos Alonso.

Fue Carlos Alonso quien detalló el estado de la operación, que había tropezado con “enormes dificultades encontradas en el Ayuntamiento de La Laguna para incluir nuestra parcela de terreno en el futuro Parque Tecnológico de dicho municipio”. El vicepresidente insular aseguró que los obstáculos fueron superados gracias a que “la intensidad y dificultad de los trabajos han dado sus frutos, al haberse alcanzado un acuerdo con las instituciones implicadas”. Un optimismo que tropezó con la realidad tres años después, cuando se descartó la instalación en Geneto.

Que el parque científico tecnológico se desplazara a la capital tinerfeña no fue impedimento para adquirir la parcela en 2012. Y eso que ya el propio Alonso aseguraba en la sesión de noviembre de 2009 que se había cerrado el acuerdo con PCTT para la compra de los terrenos “por el mismo importe de adquisición” que pagó el NAP a la promotora del CD Tenerife.

El Consejo de Administración de Napwaci aprobó por unanimidad iniciar las gestiones de venta de la parcela a PCTT, con la designación de Manuel Cendagorta como mandatario “con el apoyo personal y directo de Carlos Alonso”.

Consejo de Administración del NAP de 22 de enero de 2010

Una vez más, Carlos Alonso participó en la sesión como invitado, de nuevo, para informar sobre la venta del terreno de Geneto a PCTT. El vicepresidente del Cabildo dio a conocer que ya se había realizado la tasación de la parcela, “estando en este momento en una negociación a tres bandas” entre el CD Tenerife, la promotora y Napwaci “respecto a la repercusión del suelo sobre la volumetría o edificabilidad que corresponde a cada una de las parcelas afectadas”.

El acta de la sesión refleja que también se trató la desvinculación definitiva de Terremark con el NAP, con el anuncio de la renuncia tanto de Hernández Mancha como consejero y de Guillermo Amore como invitado en las sesiones. Después de la despedida y los halagos mutuos, el Consejo de Administración de Napwaci acordó la resolución del contrato con la entidad y la compra de la acción que poseía.

Carlos Alonso tomó la palabra para justificar la ruptura de las relaciones porque, “debido a las condiciones económicas diferentes en la actualidad de las del momento de la firma del acuerdo, el modelo de inversión, mercado y desarrollo de la infraestructura se han desviado significativamente de lo planteado originalmente”, según recoge el acta, donde se cita, entre otros hitos, el cambio de ubicación del centro de datos a Granadilla o la intención de vender la parcela de la ciudad deportiva de Geneto. 

Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico de 16 de enero de 2012

Este fue el Consejo de Administración de PCTT que adoptó la decisión de adquirir al NAP, una empresa que se encontraba en causa de disolución, la parcela de Geneto en la que inicialmente se pretendía ubicar el Napwaci y otra aledaña que aún poseía el CD Tenerife. La operación se cerró por casi 19 millones, un precio que el interventor del Cabildo considera inflado.

En el acta de la sesión se refleja que fueron Ricardo Melchior y Carlos Alonso los encargados de convencer al resto de consejeros de la viabilidad de la operación. El propio presidente del Cabildo llegó a enviar una carta a cada uno de ellos en la que se comprometía a realizar una ampliación de capital de 20 millones entre 2014 y 2018.

Según el interventor general del Cabildo, la operación se cerró por un precio que aumentaba un 524% el valor catastral de los terrenos, sin seguir el debido procedimiento administrativo y sin causa que justificase la compra.

Consejo del ITER de 2 de mayo de 2012

Es la sesión clave para entender la presunta malversación que ha denunciado la Fiscalía. En ella estaban sentados los 14 investigados por la Justicia. En ella se defendió la propuesta de absorción del NAP, a pesar de que la empresa se encontraba en causa de disolución con más de seis millones de pérdidas, y la compra de las acciones a los inversores privados a su valor nominal o su canje por participaciones en una sociedad del Cabildo altamente rentable, Solten II. 

La propuesta, que se aprobó por unanimidad sin ninguna apreciación de los asistentes, fue informada por Manuel Cendagorta, que justificó la operación en un supuesto estudio de viabilidad que aseguraba recuperar la inversión en un plazo de entre 12 y 14 años.

El Consejo del ITER acordó la adquisición de las acciones a los socios privados de Napwaci “facultando al gerente y al vicepresidente Carlos Alonso para que, indistintamente cualquiera de ellos, pueda formalizar las operaciones de compra”.

La última de las acciones fue adquirida el 18 de junio. Con todas las participaciones en poder del ITER, el Consejo de Administración aprobó la absorción del NAP en una sesión posterior por medio de un procedimiento simplificado, lo que evitó la existencia de controles externos, que la ley permite en el caso de sociedades que son participadas de forma íntegra por capital público. 

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