Un año y medio después de que tuviera entrada en su juzgado la denuncia, la titular de Instrucción 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover González, ha decidido activar el conocido como caso Reparos: la prolongación de la prestación de servicios públicos al Ayuntamiento de esa ciudad con las prórrogas de los contratos vencidas, sin la convocatoria de nuevos concursos y en contra de los continuos reparos del interventor municipal. El asunto vuelve a salpicar al expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que fue el que inició esta práctica durante su periodo de alcalde de La Laguna, y alcanza hasta su sucesor, José Alberto Díaz, que mantuvo la misma actitud al menos hasta el primer trimestre de este año. Ambos pertenecen a Coalición Canaria.
La jueza ha solicitado al Ayuntamiento todos los expedientes, casi 200, así como las actas de los plenos de la Corporación en los que se aprobaron todos los decretos de la alcaldía levantando los reparos que imponía el interventor, que será llamado a declarar en fecha aún por determinar. También deberá comparecer en el juzgado el denunciante, el hoy concejal de Urbanismo Santiago Pérez, para que se ratifique en la denuncia y aclare algunos de sus extremos, según una providencia dada a conocer este mismo miércoles.
El caso Reparos consiste en la ampliación en la prestación de servicios públicos al Ayuntamiento de La Laguna una vez vencidos los contratos y las sucesivas prórrogas legales con las empresas concesionarias que los prestan. Llegados esos vencimientos, el Ayuntamiento permitía que continuaran prestándose esos servicio sin título jurídico alguno, lo que el interventor consideró siempre contrario a la ley y el denunciante una prevaricación continuada. Además, tal práctica incluía el pago de unas cuantías y de unos precios que no estarían justificados ni amparados bajo ningún tipo de dictamen técnico ni jurídico, lo que podría ser constitutivo de un delito de malversación.
“No se trata de prórrogas”, aclara Santiago Pérez, el denunciante, “sino de contratos extinguidos sobre los que se autoriza a la empresa concesionaria a continuar prestando el servicio sin título jurídico”.
Según sus estimaciones, incorporadas a la denuncia, la práctica se extendió a 17 empresas y el importe de los servicios prestados sin amparo legal podría acercarse a los 80 millones de euros porque se ha venido extendiendo desde 2013 hasta la actualidad. Solo el contrato de la recogida basura y limpieza viaria tiene un importe de 150 millones de euros por un periodo de diez años (ocho más dos de prórroga).
En total, los exalcaldes Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, levantaron mediante decretos unos 160 reparos impuestos por el interventor municipal, que ahora serán analizados por el juzgado.
Santiago Pérez denunció estos hechos en enero de 2018, y ante la inacción de la jueza pese a continuos escritos solicitando impulso procesal, acudió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife por considerar que tanto por la notoriedad como por la trascendencia social del asunto denunciado, era materia propia de ese organismo. Del fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna tampoco se conoce actividad alguna asociada a esta denuncia.