Los tres acusados de ser los patrones de un cayuco en el que murió una persona y dos menores sufrieron lesiones graves, culparon este miércoles al padre de estas niñas de presuntamente organizar el viaje y dirigir la embarcación que partió de Mauritania y una semana después llegó a El Hierro.
Dos de los procesados están desde marzo de 2022 en prisión provisional en Tenerife II y el otro en el municipio andaluz de El Ejido, desde donde intervino en la sesión celebrada hoy y que continuará el viernes.
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita para cada uno de ellos once años de cárcel al considerarlos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración, tres de homicidio y dos de lesiones.
A los acusados se le piden que indemnicen a una de las menores con 6.500 euros y 90.000 a otra que quedó en estado vegetativo y se le tuvieron que amputar las piernas y dedos.
El Ministerio Público cree probado que los procesados se pusieron de acuerdo para promover la entrada de 48 personas y que actuaron por encargo de los organizadores que se quedaron en tierra tras cobrar entre 800 y 3.500 euros a los viajeros.
Los acusados reconocieron que habían estado al frente del timón y el GPS pero que lo hicieron porque nadie quería asumir esta función y de resto aseguraron que pagaron su billete, que en la nave no había chalecos salvavidas para todos pero sí tenían “suficiente” comida.
El hecho de que se les viera repartiendo alimentos lo justificó porque eran suyos y suponía una obligación para los musulmanes darlos a quienes no lo tuvieran.
Todos ellos desconocían que cuando llegaron a El Hierro había un cadáver a bordo y otro tanto ocurrió con las menores
A estos supuestos patrones se les atribuye haber asumido una precaria embarcación de 15 metros de eslora y 3 de manga, hecha de fibra con una propulsión que dependía de dos motores inadecuados para emprender un viaje de estas características.
A ello se une la carencia de cualquier tipo de medida de seguridad, tales como luces de posición o medios de comunicación náutica.
El resultado es que se habría facilitado la entrada en Canarias de forma irregular de estos migrantes eludiendo el uso del puerto habilitado y sin que los pasajeros contaran con la documentación necesaria y acreditativa de su identidad.
La Fiscalía también los culpa de poner en riesgo la vida, salud e integridad de los ocupantes conociendo el riesgo que corrían a lo largo de los ocho días que tardaron en llegar a las costas de El Hierro.
Debido a las penosas condiciones de la embarcación y del viaje, el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica, sumersión, deshidratación e hipotermia.
Igualmente, una menor también sufrió las consecuencias de la falta de agua potable, úlceras y erosiones diversas que tardaron más de dos días en curarse y otra de las niñas padeció una severa deshidratación, insuficiencia renal, graves infecciones y shock epiléptico, sufrió varias amputaciones y desde entonces permanece en estado vegetativo.