La alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito (PSOE), ha afirmado este viernes que desde que tuvo conocimiento de los vertidos en el polígono de Güímar “lo único” que ha hecho es trabajar para solucionar este problema.
Brito ha hecho estas declaraciones después de que este viernes un juzgado de Güímar, en Tenerife, haya emitido un auto de procesamiento contra ella, uno de sus predecesores, Gumersindo García (PSOE), y los exregidores de Güímar Carmen Luisa Castro (PP) y de Arafo José Juan Lemes (PP y CC) por la presunta comisión de sendos delitos continuados contra el medio ambiente y de prevaricación.
Estos delitos, según el auto judicial, se produjeron por una supuesta inacción ante el vertido de aguas residuales al mar procedentes del polígono industrial de Güímar, mezcladas con aguas fecales urbanas.
Brito, que ha presidido una reunión de la Fecam en Los Llanos de Aridane, ha manifestado a los periodistas que aunque respeta las decisiones judiciales, “esta no la comparto”, y ha precisado que están preparando tanto un recurso de reforma como de apelación.
Ha insistido en que siempre trabajó para solucionar el problema de los vertidos y ha recordado que en algunas decisiones supramunicipales intervienen, además de los ayuntamientos, el Consejo Insular de Aguas y la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Como ejemplo de su preocupación por este asunto de los vertidos, Brito ha señalado que el problema se ha ido solucionando con la depuración de aguas industriales y con la autorización de los vertidos.
“Seguiremos luchando”, ha dicho la edil, en respuesta a los periodistas.
En el auto se indica que los citados ediles, “quienes eran titulares de las infraestructuras del polígono, de forma consciente y voluntaria, sin justificación aparente omitieron desde julio de 2013 las actuaciones administrativas a que estaban imperativamente obligados en el control y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino”.
Y añade que el vertido fue continuo e incontrolado procedente de todas las “empresas del polígono industrial más grande de Tenerife y de las urbanizaciones de El Socorro y La Viuda, sin depurar, tratar, ni legalizar, que en el medio marino receptor originó al menos en el año 2017, un riesgo grave para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, quebrantando directamente la normativa medioambiental aplicable”.