Caso Geneto

Archivado el caso Geneto, que investigaba la compra de los terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento provisional del caso Geneto, en el que hasta una decena de personas estaban investigadas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife a manos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que “no queda acreditada la comisión de delito alguno por parte de los investigados”, entre los que se encontraban los expresidentes del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior y Carlos Alonso, el exportavoz del Gobierno de Canarias Julio Pérez o el exdirector general de Carreteras del Gobierno de Canarias José Luis Delgado.

La magistrada ha decidido el archivo de la causa en base a las alegaciones realizadas por las representaciones de los investigados, la nueva documentación aportada y un nuevo examen de las actuaciones.

Asimismo, el auto expone que no cabe interpretar “en ningún caso ilícito contable” pues no se ha generado daño a la entidad, no se han perjudicado fondos públicos ni se deduce alcance contable, al margen de que el Tribunal de Cuentas ya descartó, en un auto del pasado mes de junio, cualquier tipo de responsabilidad contable.

De hecho, expone que “la adquisición de los terrenos se realizó conforme a la tasación efectuada y recogida en las escrituras de compraventa, y al correspondiente Acuerdo de Adquisición previamente adoptado por el Consejo de Administración de la entidad”.

La Fiscalía, denunciante del caso, no cuestiona esta decisión, y el Cabildo, presente en la causa como acusación particular, se ha adherido al sobreseimiento.

En 2021, la Fiscalía denució la existencia de “indicios contundentes” de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la operación de compraventa de dos parcelas propiedad del CD Tenerife y de la empresa NAP ubicadas en la ciudad deportiva de Geneto, por parte de una sociedad dependiente del Cabildo insular. Así constaba en un decreto emitido el 21 de diciembre de ese año por el Ministerio Público.

El decreto, firmado por la fiscal jefa en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, apuntaba directamente al “presidente y Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico”, la empresa dependiente del Cabildo que adquirió los terrenos en 2012 por casi 19 millones de euros, un precio un 524% superior a su valor catastral. Los hechos fueron denunciados hacía un año por el interventor general de la Corporación insular, Antonio Messía de Yraola, lo que propició la apertura de diligencias de investigación por parte del Ministerio Público.

La decisión de la Fiscalía se produjo en medio de la investigación judicial abierta por una operación directamente conectada con el pelotazo de la ciudad deportiva: el rescate con dinero público de la empresa mixta NAP de África Occidental-Islas Canarias, por la que estaban siendo investigados todos los miembros del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), entre los que figuran los expresidentes del Cabildo Carlos Alonso y Ricardo Melchior, ambos de Coalición Canaria.

Carlos Alonso y Ricardo Melchior también formaban parte del Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico (PCTT), la empresa que, según el interventor, adquirió los terrenos del CD Tenerife a un precio inflado. Ambos convencieron al resto de miembros para que respaldaran con su voto la operación. Melchior, que además era el presidente del órgano, llegó a enviar un carta a todos los consejeros para avalar personalmente la compraventa.

En total, la actuación se abordó en cuatro sesiones del Consejo de Administración de PCTT. En algunas de ellas también participaron y votaron a favor destacados cargos públicos del PSOE, como el exportavoz del Gobierno de Canarias Julio Pérez, o un director general del Ejecutivo autonómico, José Luis Delgado.

Un precio inflado y una oportunidad perdida  

El resumen de la operación que denunció la Fiscalía es el siguiente: el Cabildo, a través de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, adquirió en 2012 al CD Tenerife un total de 30.000 metros cuadrados de un suelo ubicado en la ciudad deportiva de Geneto. Según el informe del interventor, el valor real de los terrenos, en base a datos catastrales actualizados en 2017, es de tres millones. La Corporación pagó 18,9 millones al dar credibilidad a un informe de Tinsa, una tasadora externa, que elevó el precio un 524%.

El club recibió 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP, cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado, que en 2007 había adquirido una de las parcelas para construir un centro de datos.

Los terrenos eran del CD Tenerife porque, solo unos meses antes de la operación, el club se fusionó con la promotora que años atrás habían montado una serie de destacados accionistas de la entidad para especular con los terrenos de Geneto. Parte de los inversores también tenían su capital en el NAP.

Uno de los aspectos que más llamó entonces la atención de la Fiscalía fue el hecho de que el Cabildo renunció a comprar más baratos los terrenos de Geneto 20 meses antes del primer pago de la operación. La Corporación insular poseía desde 1999 una opción legal que le permitía negociar desde una posición preferente la compra de las fincas, pero en 2005, a petición del club, renunció a sus derechos. Dos años después, a través del NAP, salían de las arcas públicas los primeros 4,5 millones con destino a Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos SA, la promotora.

Ni el NAP ni el edificio del Parque Científico se construyeron en Geneto porque los terrenos no cumplían con las condiciones urbanísticas y técnicas necesarias. En la ciudad deportiva no se movió una piedra, pero de las arcas de las empresas públicas del Cabildo salieron más de 30 millones entre ambas operaciones. Un dinero que ahora la Justicia ha concluido que no supuso un perjuicio y donde no ha apreciado ningún delito.