La Audiencia Provincial fuerza que declaren por el caso Grúas el primer propietario de la concesionaria y los trabajadores despedidos

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el magistrado Joaquín Luis Astor Landete, ha vuelve a corregir una decisión de la jueza instructora del caso Grúas en La Laguna, Celia Blanco, al pedir en un auto con fecha de 19 de julio que se realicen las nuevas declaraciones solicitadas por los denunciantes de esa causa judicial, que afecta, entre otros, al expresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y al último regidor de CC en el mismo municipio, José Alberto Díaz.

El auto conocido este jueves admite el recurso de apelación elevado en junio a ese órgano judicial por, entre otros, los denunciantes Rubens Ascanio, de Unidas Podemos, y Santiago Pérez, de Avante La Laguna, ambos en la actualidad cargos públicos de la Corporación lagunera. 

El recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna cuestionaba la decisión con firma de la jueza Blanco de rechazar la nueva toma de declaración al primer propietario de la empresa Autogrúas Poli, concesionaria del servicio municipal de grúas en La Laguna, y a trabajadores y trabajadoras que en su día fueron despedidos tras denunciar el robo de piezas en los vehículos retirados que se hallaban en un recinto municipal concebido para su depósito.

El auto de la Audiencia Provincial estima el mencionado recurso de apelación de los denunciantes del caso Grúas, como antes hiciera con uno similar de la Fiscalía Anticorrupción, y con ello revoca la denegación de esa diligencia de instrucción propuesta por los denunciantes: la de llamar a un nuevo interrogatorio a las personas antes citadas.

Este mismo jueves, Rubens Ascanio, líder de Unidas Podemos y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna, se felicitó por esa nueva decisión de la Audiencia Provincial, en la línea de lo ya admitido por el mismo tribunal tras reclamación de la Fiscalía Anticorrupción para el testigo José Padilla. Además, valoró que también sean llamados a declarar ante la jueza los trabajadores y trabajadoras de la empresa concesionaria que en su día fueron despedidos tras denunciar el robo de piezas de vehículos retirados de la vía pública y aparcados en un recinto municipal.

Ascanio calificó el acuerdo revocatorio “de muy importante” porque, entre otras cuestiones, vuelve a ratificar la postura de la Fiscalía y sobre todo porque se manifiesta a favor de que se produzcan esas declaraciones, algo que previamente no reconoció la jueza instructora. 

Para el concejal de Unidas Podemos y denunciante del caso Grúas, el auto conocido hoy representa “un paso definitivo en el proceso abierto para clarificar” los supuestos delitos dentro de esa causa. Gracias a estas nuevas declaraciones, podrá ser más visible cómo “CC hacía un uso vinculado a intereses particulares, políticos y partidistas del servicio municipal de grúas” en La Laguna.

Según sostuvo Ascanio, la declaración de José Padilla, el primer propietario de la empresa concesionaria de aquel servicio público, permitirá conocer “de forma absoluta” cómo el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo (de CC), “diseñó o puso en marcha la privatización del servicio municipal de grúas con el objetivo central de poner a personas vinculadas a él, de colocar a dedo o de enchufar, a gente afín a Coalición Canaria”.

El político denunciante del caso Grúas también aclaró que, “lo que no pudo ser por la desaparición de los papeles del caso Corredor, ahora se dará gracias a la declaración ante la jueza de José Padilla y de los trabajadores despedidos tras denunciar robos de piezas de vehículos retirados de la vía pública” por el servicio municipal privatizado.