Santa Cruz de Tenerife remite a la Fiscalía el informe sobre la contratación de conciertos del carnaval de 2018
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha remitido a la Fiscalía la contratación de la celebración de eventos musicales los días 11, 12 y 17 de febrero de 2018, con motivo de la celebración de los carnavales, expediente que, según los servicios jurídicos, puede tener relevancia penal.
La contratación fue realizada en el anterior mandato municipal por el Organismo Autónomo de Fiestas (OAFAR) con Radio Club Canarias SA, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Según el Ayuntamiento, Fiestas pagó a Radio Club Canarias 40.660 euros por una actuación de Yatra pero, sin que se modificara el pliego inicial, quien actuó fue Carlos Baute, que costaba 21.400 euros, por lo que “pudo haber un desequilibrio económico perjudicial para el interés municipal”.
Según los servicios jurídicos en el expediente “fueron omitidos trámites esenciales del procedimiento, al haberse iniciado la ejecución con carácter previo a la formalización del contrato”.
También se introdujeron “de facto en el contrato obligaciones distintas de las previstas en los pliegos, sin tramitar el oportuno procedimiento ni contar para ello con los informes preceptivos de la asesoría jurídica y de la intervención”.
El resultado puede haber resultado en “un desequilibro económico de las prestaciones en perjuicio del interés municipal, dado que el artista cabeza de cartel del Carnaval no actuó finalmente y no se aprecia en el expediente compensación alguna al respecto”.
Si se confirmase, deberá realizarse una revisión de oficio de la adjudicación a Radio Club Canarias SA del contrato y liquidarlo así como pedir la restitución del precio pagado en exceso, más intereses e indemnizaciones por daños y perjuicios si proceden.
Los servicios jurídicos municipales consideran que la eventual reclamación judicial de la liquidación de los efectos del contrato, deberá ser planteada ante la jurisdicción civil, porque se trata de un contrato privado.
Una vez resuelto el expediente de revisión de oficio, si se aprecia dolo, culpa o negligencia graves de las autoridades y el personal que intervino en la contratación “se exigirá de oficio la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido, previa instrucción del oportuno expediente contradictorio”.
Los hechos “pueden tener relevancia penal”, indican los servicios jurídicos, por lo que aconsejan al Ayuntamiento poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
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