Al periodista tinerfeño ya jubilado Julián Ayala, también activista contra la Ley del Suelo e integrante de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, la Justicia le ha dado la razón en la disputa que mantenía con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras esta administración local sancionarlo por la supuesta colocación en lugares no autorizados de carteles. Estos afiches informaban de la convocatoria de una protesta contra la hoy aprobada Ley del Suelo de Canarias.
Tal y como ha confirmado Julián Ayala, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife acaba de anular la sanción que le impuso el Ayuntamiento de la capital tinerfeña bajo la acusación “infundada de haber colocado en lugares no autorizados carteles convocando la manifestación contra la Ley del Suelo que tuvo lugar el sábado 26 de noviembre de 2016”, afirma el periodista tinerfeño.
La sentencia, prosigue Ayala, estima el recurso contencioso-administrativo que interpuso el inicialmente sancionado por el Ayuntamiento, declara que el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho, anula la resolución recurrida y condena al Ayuntamiento al pago de las costas con el límite máximo de 300 euros. Contra ese fallo no cabe recurso de apelación, indica la misma fuente.
Según explica Julián Ayala, “aunque el fallo judicial se basa en la concurrencia de una serie de irregularidades en la tramitación del expediente que afectan directamente al derecho de defensa del recurrente, incluso sin entrar a valorar las alegaciones de este, considero que aquel es el resultado lógico de todo un montaje en el que están implicados como autores directos” dos policías locales, que firman tres actas de infracción; la comisaria de la Policía Municipal, que traslada dichas actas al área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, especialmente, el concejal delegado de dicho área, que ordena iniciar el expediente sancionador y nombra instructor de este al jefe de la Sección de Soporte Administrativo y Control de Servicios Públicos.
El periodista denunciado por el Ayuntamiento además indica que “el problema empieza -tal vez casualmente, pues igual podían habérselo endosado a otro- con mi identificación por dos policías locales el 19 de diciembre de 2016, cuando, en unión del entonces profesor universitario Santiago Pérez García, acababa de dar una rueda de prensa a las puertas del Parlamento de Canarias, donde criticamos el proyecto de Ley del Suelo que en esos momentos se tramitaba en la Cámara autonómica. Junto a los datos del DNI, los agentes me pidieron un teléfono de contacto y yo, que en ese momento carecía de móvil, les di el fijo de mi domicilio, que no figura en el listín telefónico”, relata el Julián Ayala.