Uno de los asesores de cabecera de Fernando Clavijo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar, declaró este martes que desconocía la situación financiera y los incumplimientos de la empresa Autogrúas Poli, SL, anterior concesionaria del servicio de recogida de vehículos en el municipio de La Laguna, cuando elaboró un dictamen externo sobre el préstamo de 120.000 euros que el Ayuntamiento concedió a una entidad endeudada. El jurista evitó señalar a los políticos del Consistorio y declaró que fue el entonces secretario municipal, Ceferino Marrero, en la actualidad secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, quien le hizo el encargo.
Villar llegó puntual a su cita con la jueza Celia Blanco para prestar declaración en la instrucción del conocido como caso Grúas. Lo hizo en calidad de testigo después de que la acusación popular protestara porque hubiera sido convocado inicialmente como perito. Su testimonio se alargó durante cerca de dos horas.
Antes de terminar su intervención, sobre las 11.30, un aviso de bomba que interrumpió la actividad de los juzgados durante dos horas, obligó a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna y a suspender las comparecencias del catedrático de la ULL y del otro autor del informe externo, el también catedrático Francisco Clavijo. Estas se retomarán el miércoles 14 de febrero.
A preguntas de la acusación popular, Villar reconoció que elaboró el informe externo sin tener conocimiento de las condiciones económicas de la empresa, que a 5 de junio de 2014 acumulaba una deuda de 587.000 euros. Tal y como admitió durante la comisión de investigación municipal el coautor del dictamen, Francisco Clavijo, el testigo explicó que se limitó a realizar un trabajo “teórico sobre un caso general”, por lo que no tuvo en cuenta los incumplimientos del contrato en los que había incurrido Autogrúas Poli, SL.
El informe externo, según Villar, se centró solo en el préstamo a la empresa concesionaria, pero no abordó la prórroga que otorgó el Ayuntamiento a Autogrúas Poli, SL, para seguir con el servicio. Ambas cuestiones fueron reparadas por el interventor municipal, Gerardo Armas Devara.
No hay que olvidar que el entonces alcalde de La Laguna, hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, levantó los reparos del interventor apoyado en el informe externo que encargó el Ayuntamiento. El dictamen sirvió para conceder el préstamo y la prórroga del contrato, con lo que se intentó reflotar la situación de la empresa. La acusación popular considera que el Consistorio tenía que haber optado por cumplir la Ley de Bases de Régimen Local y rescatar el servicio, en vez de arrojar un salvavidas a una entidad que había incumplido de forma sistemática el pliego de condiciones y se encontraba endeudada.
Villar recibió 4.100 euros por el informe
La declaración de Villar también sirvió para despejar, al menos en parte, una de las muchas dudas que aún sobrevuelan el caso Grúas. El testigo admitió que cobró 4.100 euros por elaborar el informe externo, pero que lo hizo a través de la Fundación General de la ULL, que se lleva una parte del valor del servicio, por lo que dijo desconocer cuál era la cantidad exacta que desembolsó el Ayuntamiento de La Laguna por el dictamen.
Otra de las grandes incógnitas que se plantean es conocer quién fue el responsable de encargar el informe. Mientras que la acusación popular sostiene que se solicitó desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que entonces ocupaba el actual alcalde, José Alberto Díaz, Villar apuntó directamente a la figura del anterior secretario municipal, Ceferino Marrero, al que Fernando Clavijo nombró secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2015.
El coautor del dictamen externo también reconoció que se reunió con el interventor municipal para abordar los reparos de sus informes. A pesar de que el funcionario declaró ante la jueza que fue José Alberto Díaz la persona que le convocó al encuentro con los juristas de la ULL, Villar eludió implicar al actual alcalde y aseguró que fue la directora del servicio quien le propuso acudir a la cita.
La declaración de Villar se reanudará el próximo 14 de febrero, cuando también será interrogado el otro autor del informe, el catedrático de Derecho Financiero Francisco Clavijo, que tiene un vínculo familiar con el presidente del Gobierno de Canarias, tal y como publicó mirametv.com.
Después de lo ocurrido este martes, todo apunta a que Francisco Clavijo será interrogado como testigo y no como testigo-perito, condición en la que fue citado por la Fiscalía. La jueza aún no ha resuelto el recurso de reforma presentado por la acusación popular, que sostiene que los juristas externos tienen que prestar testimonio en calidad de testigos, tal y como hizo el interventor municipal, pero antes de la declaración de Villar admitió que se había equivocado y dio la razón de forma verbal a los recurrentes.
El caso Grúas investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. De momento, solo hay un imputado, el actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez-Godiño.