Un efusivo saludo entre la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, y un joven abogado que aparecía por primera vez en el caso Grúas despertó el interés de los presentes. “Perdonen que lo haya saludado de ese modo”, se disculpó ante todos la representante del Ministerio Público, “pero es que lo conozco desde pequeño: es el hijo de la fiscal jefa”.
El efusivo saludo se lo había dado María Farnés Martínez al abogado Javier Velasco Almendral, hijo de Carmen Almendral, fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, al comienzo de la sesión de comparecencias de testigos de este lunes por el caso Grúas. Velasco es letrado adscrito al prestigioso despacho de José Antonio Choclán, que se hizo cargo de la defensa de Fernando Clavijo una vez la causa abandonó definitivamente su atolondrado paso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para asentarse en Instrucción 2 de San Cristóbal de La Laguna.
Si la presencia del letrado Velasco Almendral llamó la atención de las partes personadas por intervenir en un partido judicial que no frecuenta y donde ejerce su madre como jefa del Ministerio Público, más llamativa fue su actitud durante el interrogatorio que María Farnés Martínez efectuó a los dos testigos citados este lunes. Según han relatado personas presentes, el abogado mostró sin recato gestos de desaprobación constantes y ostentosos hacia la fiscala que minutos antes lo había saludado tan cariñosamente. Uno de los interrogatorios de Martínez tuvo hasta 70 preguntas, lo que incomodaba bastante al letrado.
Este lunes declararon ante la jueza instructora, Celia Blanco, y las demás partes personadas el secretario general de Presidencia del Gobierno, que desempeñó un cargo análogo en el Ayuntamiento de La Laguna durante los hechos que se investigan, Ceferino Marrero, así como quien fuera director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento de La Laguna, Estanislao González.
Ambos, dependientes jerárquicamente de Clavijo, respondieron escuetamente a todo lo que se les preguntó, dijeron no recordar algunos de los hitos sucedidos en 2014 y defendieron la posición que adoptó el grupo de gobierno, es decir, conceder un préstamo de 120.000 euros a los trabajadores de Autogrúas Poli para que pagaran deudas urgentes de la empresa y prorrogar la concesión del servicio de grúas a pesar de la situación de evidente quiebra de la empresa.
Respecto a algunos de los hechos investigados, los testigos cargaron las responsabilidades sobre “el servicio gestor”, que no es otro que la Dirección General de Seguridad, a cuyo frente se encontraba una de las hoy encausadas en el caso Grúas, Rosario Hernández, cargo de confianza del grupo de gobierno.