Comienza la ronda de declaraciones de los 15 imputados del caso del Alcalde Okupa

Los concejales del Ayuntamiento de Arona Marta Melo y Miguel Ánguel Méndez, ambos de Coalición Canaria (CC), serán los encargados de abrir la ronda de declaraciones del denominado caso Alcalde Okupa, en el que están imputados de un delito de prevaricación continuada 15 políticos de este municipio del Sur de Tenerife por las artimañas que realizaron durante cuatro meses para intentar evitar que el exalcalde del municipio (José Alberto González Reverón) dejara el sillón de mando consistorial tras incurrir en causa de incompatibilidad tras ser condenado en primera instancia a una pena de inhabilitación de 4,7 años por el enchufe de dos trabajadoras.

Marta Melo, concejal de Vivienda y de Zona Oeste (Los Cristianos y Playa de Las Américas) lleva de baja más de un año, casi desde que el exalcalde fue obligado a dejar el cargo al ser ratificada su condena por prevaricación continuada desde la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Así todo, ha protagonizado recientemente un escándalo: a pesar de estar de baja ha seguido usando su teléfono móvil institucional y ha cargado a las arcas públicas con facturas desorbitadas por sus llamadas. La edila contrajo matrimonio recientemente y la semana pasada se encontraba de luna de miel.

Miguel Ángel Méndez, concejal de Cultura, es uno de los tres ediles del grupo de CC que aspira a hacerse con la candidatura a la alcaldía de su partido para las próximas elecciones.

Para mañana martes han sido citados a prestar declaración en los juzgados aroneros otros dos imputados en este caso: Ramón García y Eva Luz Cabrera, también de Coalición Canaria. Las comparecencias judiciales de los imputados serán retomadas el día 21 y, si no hay nuevos aplazamientos, terminarán el día 30 del presente mes de julio.

La previsión inicial era que abrieran la ronda de declaraciones el pasado lunes el exalcalde inhabilitado y su sucesor, Francisco Niño. Sin embargo, su abogado alegó que ni él ni el alcalde podían acudir ese día y estas comparecencias fueron fijadas para el 21 de julio, día en el que también están citados las ediles Mónica Sierra (responsable de Deportes) y Clari Pérez (concejal de Servicios Sociales). La falta de disponibilidad del mismo abogado desencadenó también el aplazamiento de las tomas de declaración previstas para el pasado martes 1 de julio: las del primer teniente de alcalde y la concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, y de la segunda teniente de alcalde y responsable municipal de Hacienda, María Candelaria Padrón. Los dos han sido nuevamente citados para el 22 de julio. Ese día también prestarán declaración Carmelo García (concejal de Urbanismo) y Marcos Esquivel (Empleo y Fiestas).

El día 28 le toca el turno al concejal de Seguridad, Manuel Reverón, y al concejal de la oposición del CAN-CCN Manuel Barrios. El segundo concejal aronero del CAN-CCN cerrará el turno de comparecencias judiciales de los en esta causa el 29 de julio.

El motivo de dos concejales de la oposición secundaran los acuerdos plenarios con los que los 15 imputados intentaron evitar el cese del exalcalde inhabilitado fue el acuerdo de pacto que sellaron con Coalición Canaria a cambio de ese apoyo. La inhabilitación definitiva del alcalde mucho antes de lo que tenían previsto tiró por tierra sus intenciones de entrar a formar parte del gobierno municipal de este controvertido ayuntamiento de Tenerife Sur. En concreto, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife adelantó varios meses la resolución del recurso que había presentado González Reverón contra su condena por la profunda crisis que desencadenó al negarse a dejar el cargo. La movilización del sector crítico a su permanencia ilegal en el cargo desencadenó que tuvieran que involucrarse en esta crisis la Junta Electoral Central (que hizo varios pronunciamientos sobre la causa de incompatibilidad que afectaba al ocupante de la alcaldía aronera, pronunciamientos que fueron ignorados por todos los imputados). También se vieron involucrados el fiscal general del Estado (Eduardo Torres Dulce-Cifuente) a raíz de una denuncia que le remitió el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y la Delegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

Entre los días 1 y 23 de septiembre han sido citados a prestar declaración en calidad de testigos del denominado caso del Alcalde Okupa los concejales de la oposición de Ciudadanos por Arona, PP y PSOE, así como la secretaria general del Ayuntamiento de Arona.

Los abogados de la acusación particular liderada por Ciudadanos por Arona e Izquierda Unida, Felipe Campos y José Pérez Ventura, están convencidos de que este caso se resolverá antes de final de año y que acabará en condena. De ser así, acabarían inhabilitados e incurrirían en causa de incompatibilidad la mayoría de los integrantes del pleno municipal: 12 de los 13 concejales del grupo de gobierno de CC (solo escapa de las imputaciones la edil que sustituyó al exalcalde cuando éste acató su cese) y, además, los dos ediles de la oposición del CAN-CCN. En total, se juegan la inhabilitación antes de las próximas elecciones 15 de los 25 concejales de la corporación.