El Consejo Consultivo de Canarias avala que se exija a Sacyr la devolución del canon que Coalición Canaria le reembolsó por la privatización del agua de Santa Cruz

El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen en el que avala la resolución adoptada por el anterior equipo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife, encabezado por la socialista Patricia Hernández, para que Sacyr-Vallehermoso devuelva los 59 millones de euros que la corporación que le precedió, liderada por Coalición Canaria, perdonó a la empresa tras el proceso de privatización del ciclo integral del agua en la capital.

Sacyr se convirtió en 2005 en el socio mayoritario de Emmasa, al hacerse con 212 participaciones de la hasta entonces empresa pública tras un concurso convocado por el Ayuntamiento gobernado por Miguel Zerolo (Coalición Canaria). La multinacional española, que en aquel momento carecía de experiencia en la gestión del ciclo integral del agua, pagó algo más de 60 millones de euros para hacerse con el servicio. Esta cantidad, que constituye el “precio del contrato”, se desglosaba en los 1,27 millones de euros que abonó por el valor nominal de esas acciones y 59 en concepto de canon por la utilización de bienes de dominio público, de infraestructuras para la prestación del servicio.

Sin embargo, la empresa, tras hacerse con la explotación, solicitó que se le devolvieran esos 59 millones, algo que el Ayuntamiento, gobernado entonces por Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, hizo, perdonando así a esta empresa la mayor parte del precio de compra.

Ahora el Consejo Consultivo resuelve que la adjudicataria SACYR no ostenta un derecho frente a EMMASA a recuperar la cantidad de 59 millones de euros abonada al Ayuntamiento como parte del precio; pero sí a obtener de la Corporación municipal, al finalizar el contrato, la devolución del importe correspondiente al valor nominal de las acciones.

Sacyr se quedó con la empresa del agua porque fue la que ofreció el canon más alto, 59 millones de euros, 10 más de lo exigido en el pliego de condiciones para optar al contrato, pero dos años después de hacerse con la explotación y mediante un acuerdo del consejo de administración de Emmasa, ya controlada por Sacyr, decidió devolver a la matriz, es decir, a ella misma, el canon abonado a razón de 2.360.000 euros al año durante los 25 años que dura el contrato. Cabe destacar que presidía el consejo de administración de la sociedad mixta el entonces concejal de Servicios, Norberto Plasencia, que luego resultaría condenado a cuatro años de cárcel por el llamado caso Mamotreto, la construcción de un aparcamiento emblemático de 21 millones de euros en la playa de Las Teresitas pero en zona de protección marítimo-terrestre y sin autorizaciones.

Tanto la empresa adjudicataria, Sacyr, como la concesionaria del servicio, EMMASA, defendían que esos 59 millones de euros constituían un canon demanial, es decir, una tasa por la utilización de bienes de dominio público y que, por tanto, debían ser devueltos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo Consultivo comparte la interpretación del anterior equipo de gobierno y sostiene que esa cantidad forma parte del precio del contrato, es decir, de la adquisición de las acciones de EMMASA y el derecho a participar en la gestión del servicio público.

El órgano consultivo ratifica que el contrato no garantiza la devolución total del dinero pagado por la empresa de forma anticipada y que la adjudicataria tiene derecho a recuperarlo a través de otras vías contempladas en los pliegos. Entre ellas figuran su derecho a obtener el 5,5% de la cifra de negocios de la empresa mixta de aguas por “la transferencia de know how (saber hacer)”, el eventual reparto de dividendos en caso de beneficios y, a la finalización del contrato, la devolución del valor nominal de las acciones.

Por todo ello, el Consultivo da por buena la propuesta de resolución dictada el pasado 18 de noviembre por la Junta de Gobierno local sobre la base de un informe del área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos y en coincidencia con la tesis de Intervención, y rechaza los argumentos esgrimidos tanto por Sacyr-Vallehermoso y EMMASA para la recuperación de esos 59 millones de euros abonados para hacerse con el contrato.