El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó Podemos por entender que el Parlamento de Canarias vulneró los derechos a la participación política de sus diputados en la tramitación de la Ley Turística de Islas Verdes.
Los parlamentarios de Podemos entienden que se vulneró su derecho a la participación política como cargos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución, que dice: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal”.
El recurso, presentado el pasado mes de septiembre, defiende que el Parlamento de Canarias, primero por medio de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y luego a través de la Mesa de la Cámara, excluyó a los diputados de ese grupo. La Comisión y la Mesa no calificaron las enmiendas parciales presentadas por Podemos al proyecto de ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Podemos sostiene que el Tribunal Constitucional ha afirmado en varias sentencias “que las mesas de los parlamentos deben limitar su función, admitiendo y calificando, para no perturbar con su decisión el derecho de los diputados a suscitar el debate parlamentario”.
La admisión a trámite del recurso por parte de pleno del Constitucional no supone ninguna toma de postura sobre el fondo del asunto, sino meramente que será estudiado por el tribunal.
De momento el TC ha dado traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
Iniciativas ante el Parlamento Europeo
En relación con esta misma cuestión, Izquierda Unida ha pedido en el Parlamento Europeo a la Comisión, el Gobierno de la UE, que tome medidas contra la nueva Ley de Islas Verdes aprobada en Canarias y contra la reforma de la Ley del Suelo en esta misma comunidad autónoma, porque considera que violan las directivas sobre medio ambiente.
“Actuemos desde la UE aplicando el principio de precaución para que no tengamos que lamentar más daños irreparables en el valioso medio natural de las islas Canarias. El Gobierno canario debe rectificar”, defendió la diputada de IU Ángela Vallina en una intervención ante el pleno de la Eurocámara.
Vallina ha explicado que la semana pasada se desplazó a Tenerife para reunirse con colectivos sociales y ecologistas de Canarias, que le han trasladado “su profunda preocupación por el fuerte deterioro que está sufriendo” el medio natural canario.
Esta eurodiputada ha expresado además sus recelos sobre los mecanismos que ambas leyes incluyen para impulsar “proyectos de interés autonómico”, porque recuerda que esa declaración no debe exonerarlos de “cumplir con los requisitos de protección que establece el derecho medioambiental europeo”.
Ángela Vallina se ha ofrecido a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible como puente para que presente una solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se denuncie “el proyecto de Clavijo para el suelo canario”.
Entre tanto, ha presentado ante la Comisión Europea un conjunto de preguntas destinadas, dijo, “a que Bruselas no pierda de vista las distintas agresiones contra el medio natural que se están produciendo en las islas”.