La Fiscalía defiende la legalidad de las escuchas telefónicas que se mantienen en el caso Corredor

El caso Corredor, o lo que queda de él, ha llegado por fin a los tribunales y ha sentado este lunes en el banquillo al abogado y empresario del ocio nocturno y juegos de azar Evaristo González Reyes, el hombre que estuvo a punto de acabar con la carrera política de Fernando Clavijo que cuando era alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2015. Entonces fue investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y malversación.

Esta primera sesión, previa a la vista oral prevista para los días 4, 5, 6, 12 y 13 de junio, estuvo centrada en las cuestiones previas y, como era previsible, los abogados de la defensa basaron sus alegatos en la nulidad de todas las actuaciones por la nulidad de las escuchas telefónicas. Por contra, y como también era lo esperado, la Fiscalía defendió la legalidad de estas.

González Reyes está acusado de cuatro delitos de estafa, uno de intento de estafa y otro de presentación falsa de testigos. Con él están acusados otras ocho personas, dos de las cuales (Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado) eran abogados compañeros de su bufete. En realidad, González Reyes no se ha sentado en el banquillo, sino que se sentó en el estrado al lado de su abogado José Santiago Martínez. Tomás Lorenzo, para quien se piden en total 32 meses de prisión, se sentó al lado del suyo, el mediático Nicolás González-Cuéllar.

Es necesario recordar que la investigación de la Policía Judicial y del Grupo de Delitos Económicos y contra la Corrupción se inició en 2009 a raíz de una denuncia del que era dueño de un pub en La Laguna (Tenerife), el Sketch, que aseguró que había un trato de favor entre Fernando Clavijo cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y González Reyes.

Se sospechaba de la posible comisión de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y negativa a perseguir delitos, entre otros. “No se trataba de hechos subjetivos ni conjeturas, sino de datos objetivos sobre delitos de suficiente importancia como para justificar las intervenciones de los teléfonos de Evaristo González Reyes y de Fernando Clavijo”, enfatizó la fiscala ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial que enjuiciará la causa.

Sin embargo, la nulidad de una parte de las escuchas llevó en 2014 a la nulidad de las pruebas obtenidas entre abril y septiembre de 2010 y al sobreseimiento de la pieza separada que afectaba a Clavijo y a dos concejales del Ayuntamiento de La Laguna. El resto de las escuchas, que se prolongaron durante casi cinco años, son las que los letrados defensores han querido echar este lunes por tierra.

Por eso la que llega a juicio es una versión descafeinada de lo que instruía el magistrado César Romero Pamparacuatro, al quien el propio Evaristo logró apartar de esta causa. Aparte hay otra pieza separada, la 21, por supuestos delitos contra la Seguridad Social aún sin fecha de enjuiciamiento y en la que debía rendir cuentas, junto a González Reyes, el asesinado a tiros empresario Carlos Machín.

“Meras hipótesis subjetivas”

Nicolás González-Cuéllar (abogado particular del exministro José Manuel Soria en un juicio en que fue desestimada su pretensión de intromisión al honor por parte del director de Canarias Ahora, Carlos Sosa) fue quien abordó ante el tribunal la ilegalidad de las pruebas practicadas por inexistencia del auto judicial de 21 de abril de 2010; por inexistencia de delitos suficientemente graves que justificaran las escuchas telefónicas (“mi mandante, Tomás Lorenzo, solo está acusado de un delito de presentación de testigos falsos”, dijo) y también porque, “aunque el auto hubiera existido inicialmente, carecía de motivación”, añadió.

Incorporó dos elementos más: la prolongación excesiva de la causa y las infracciones que, según argumentó, se cometieron con las escuchas y los registros policiales efectuados en el domicilio y despacho profesional de González Reyes en febrero de 2012 y que llevaron a Evaristo González Reyes a prisión provisional. “Hubo una infracción del derecho al secreto profesional al intervenir los teléfonos de un despacho de abogados, y hubo una infracción de la inviolabilidad de domicilio”.

González-Cuéllar agregó que todo este asunto se basa en una supuesta reunión en 2005 a la que habrían asistido Clavijo y Evaristo y en la que se habría tratado cómo esquivar las sanciones policiales por los horarios de cierres de los locales en la zona dell Cuadrilatero, la más marchosa en el área metropolitana de Tenerife. Sin embargo, la denuncia de Carlos Calderón ocurrió en 2009 tras una reunión que se llevó a cabo en el mismo Ayuntamiento de La Laguna y que Calderón grabó, lo que aportó a la Fiscalía.

“Son meras hipótesis subjetivas”, incidió. Y recordó que en este caso “hubo un retardo malicioso de la instrucción”, lo que apartó al magistrado César Romero Pamparacuatro de la instrucción del que ya se había bautizado como caso Corredor.

La representante del Ministerio Fiscal Enriqueta de Armas Roldán rebatió estos argumentos, el principal de todos, con la ausencia del auto inicial de las escuchas, que nos constaba en soporte papel pero sí estaba en el sistema informático judicial Atlante y llegó a la Fiscalía, así como el oficio del Grupo de Delitos Económicos y contra la Corrupción que solicitaba las intervenciones telefónicas de Fernando Clavijo y de González Reyes como único medio para avanzar en la investigación.

De hecho, la fiscala recordó que se dictó un auto judicial el 6 de mayo de 2015 “por la que el auto misteriosamente desaparecido se dio por reconstruido con todos las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, lo que fue recurrido sin éxito por González Reyes. Al contrario, aclaró, la sección segunda de la Audiencia Provincial corroboró “y ya dijo que tenía una importante apariencia de legalidad judicial por lo que no entiendo que vuelva a ser cuestionado”.

Si tienen razón los abogados de la defensa o si la tiene la Fiscalía se sabrá el 4 de junio. La Fiscalía sostiene que Evaristo González es la cabeza y el creador de un “entramado societario” que funciona como una “organización criminal” y pide que sea condenado a 16 años de prisión.

El primer y mayor delito que se describe en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, se relaciona con una parcela industrial que se inscribió en su totalidad en el registro de la propiedad a nombre de un cliente de Evaristo González cuando a este cliente solo le correspondían 75 metros cuadrados. El resto era propiedad de la empresa Fesmacla, S L, que levantó sobre el terreno un gran almacén de venta de muebles, Intermóbil.

González Reyes usó como aval ese terreno para obtener un crédito de dos millones de euros, aunque la operación se frustró finalmente. Con la supuesta ayuda de los también encartados Tomás Lorenzo Martínez (abogado y su compañero de despacho); Yolanda María Geara Suárez (su secretaria); María Jesús Rodríguez Azogue y Juan Carlos Alonso Molina buscaron quien invirtiera en una supuesta sociedad comercial; crearon un falso contrato de arrendamiento e incluso facturas falsas por las que Fesmacla abonaba 12.000 euros mensuales al falso propietario (sin que este y Fesmacla supieran nada) y hasta lograron que se tasaran los terrenos en 4.166.890,31 euros.

Una operación de filigrana para estafar 900 euros

Evaristo González Reyes muestra un retorcido modo de operar para estafas que en algunos casos apenas le redundan beneficios o de las que él no disfruta. Es el caso de la compra de un Volkswagen Touareg, de más de 50.000 euros de precio de mercado que finalmente condujo otro compañero de su despacho, el también letrado y encartado Juan Martín Delgado.

El coche fue adquirido en diciembre de 2009 por una empresa de González Reyes pero antes de inscribirlo en el Registro de Bienes Muebles fue traspasado a otra empresa sin aparente vinculación con la primera, de tal forma que Volkswagen nunca llegó a anotar la reserva de dominio a su favor ni pudo reclamar un céntimo. La Policía Judicial halló suficiente documentación en el despacho de Juan Martín Delgado cuando en 2012 registró el bufete de González Reyes, un apasionado de los coches de alta gama aunque no tenga carné de conducir.

En este caso también están acusados dos colaboradores habituales del empresario de la noche y el juego: Israel Barreto Méndez y Fabián Echeverry Rojas. Para todos ellos se solicitan tres años de cárcel.

Más complicada fue la estafa que González Reyes perpetró contra Viajes El Corte Inglés, tras lograr obtener por duplicado dos billetes de ida y vuelta a Atenas para un familiar. Evaristo González Reyes pagó los billetes pero su objetivo fue anular la venta, para lo que contactó con dos médicos del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, quienes le proporcionaron un informe de ingreso hospitalario por angina de pecho de ese familiar. En total le reembolsaron 898,22 euros.

El informe estaba firmado por un médico que en ese momento se encontraba de vacaciones.

Unos días después de la operación del Volkswagen Touareg, González Reyes habría cometido otra estafa. Esta ocupó portadas. El 15 de diciembre de 2009 ardió uno de los locales que más fama había tenido años atrás entre la población universitaria de La Laguna, el BB+.

Con la ayuda de un corredor de seguros, su propietario Evaristo González Reyes logró que Seguros La Estrella declarara en mayo de 2010 el siniestro total del local y le abonara 126.165,94 euros. Sin embargo, el incendio no habría sido un accidente sino provocado, además de que al pub ya se le había dado de baja en su actividad, lo que el acusado ocultó a la aseguradora. Por este delito se piden para el principal acusado de la trama Corredor cinco años de prisión.

Otra estafa sería la que sufrieron en 2011 Manuel Ramos González y Rosa Amelia Alonso Delgado, que intervendrán como testigos en la vista oral. Creyeron que Evaristo González Reyes era experto en antigüedades y le confiaron varias piezas de marfil y plata que deseaban vender. El acusado les dijo que había encontrado un comprador que les abonaría 250.000 euros por el lote de marfil y 150.000 euros por las antigüedades en plata, pero nunca vieron ni el dinero ni recuperaron sus piezas. Aparecieron en el domicilio del acusado cuando fue registrado.

Por el delito de presentación de testigos falsos están acusados también Tomás Lorenzo y Mercedes Noda, vecina de Evaristo, para la que se pide un año de cárcel. Noda denunció en mayo de 2010 ante la Guardia Civil que unos amigos de su hija le habían hecho unas pintadas en la puerta de su casa y que tenía un testigo, el acusado Juan Carlos Martín Delgado (el mismo del Volkswagen Touareg). Sin embargo, este testigo fue pactado en un conversación telefónica entre esta acusada y el principal encartado. Tomás Lorenzo habría sido quien habría preparado la testifical.