Los denunciantes del caso Grúas prevén que el presidente canario sea imputado en breve a raíz del informe del fiscal

Los denunciantes del caso Grúas, Unidos y XTF-NC (partidos en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna), dan por hecho que, “por elemental lógica jurídica”, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), sea imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a raíz del informe de la Fiscalía que así lo solicita sobre el caso Grúas, tras observar indicios de ilegalidad en su etapa de alcalde de La Laguna por decisiones relacionadas con la adjudicación del servicio municipal de grúas, que acabó en manos de sus “amigos”.

Así lo han manifestado este lunes en rueda de prensa los concejales de la oposición lagunera Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), y José Marrero, de Unidos Se Puede, quienes han mostrado su sorpresa por que el escrito del fiscal Santiago Díaz se haya filtrado a La Opinión de Tenerife y La Provincia (con artículo publicado en la edición de este domingo), a pesar de que aún no ha sido notificado a las partes.

De hecho, ambos grupos políticos han confirmado este lunes, a través de su procurador, que ese informe ya está presentado en el juzgado instructor del caso Grúas, en La Laguna, desde el cual les han respondido que no podrán tener el documento hasta que así lo autorice la jueza de la causa. “Se ha filtrado para que haya una interpretación intencionada sobre ese escrito y para atacar de forma injusta a la Fiscalía, obviando que la Fiscalía ha cambiado de criterio no porque sí, sino porque han seguido la instrucción y habido ya dos autos de la Audiencia Provincial que ordenaron reabrir la investigación e imputar al alcalde actual”, ha indicado Pérez.

En este sentido, el edil y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna señala que, “con arreglo a la elemental lógica jurídica y a la igualdad ante la ley, Clavijo debe ser imputado como cerebro de esa operación, como el gran orquestador de que el servicio de grúas quedara en manos de sus amigos”, teniendo en cuenta además que ya figuran como investigados (imputados) el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez-Godiño, ambos de CC.

Desde Unidos Se Puede, Marrero se muestra convencido de que el informe del fiscal “tendrá consecuencias importantes e inmediatas” en el desarrollo del caso, pues “confirma que el rescate del servicio de grúas se hizo sin base legal y no benefició a los ciudadanos, porque el coste aumentó en 150.00 euros anuales. Además, se llegó a prestar el servicio con vehículos sin tarjeta de inspección y algunos sin pasar la ITV”.

A su juicio, se trató de “un capricho de Clavijo y debe dar la cara por ello, así que no creo que pase mucho tiempo hasta que sea imputado”. Marrero pidió al PSOE “que se manifieste ya sobre este asunto, porque el socio de CC está como el que oye llover”.

Un préstamo “ilegal”

Según publicaron los citados periódicos en sus ediciones de este domingo, el fiscal Santiago Sánchez aprecia indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión, en 2014, de un préstamo municipal de 120.000 euros a la empresa Grúas Poli, que había pasado a manos de un grupo de trabajadores, con algunos de los cuales tenía relación de amistad Clavijo, cuya defensa hasta ahora, y la de CC, es que ese crédito no causó quebranto a las arcas públicas y permitió pagar nóminas y continuar el servicio.

Pero la Fiscalía, en ese escrito, y siempre según la versión dada por La Opinión y La Provincia, sostiene, en cita entrecomillada del documento, que “la actuación de Clavijo se ha producido con una total asuencia de tutela del patrimonio público, en concreto del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Ayuntamiento de La Laguna” al autorizar mediante decreto el citado préstamo “sin regularización legal, plazo y fianza para garantizar su devolución”.

Cambio de criterio, “tras dos autos de la Audiencia Provincial”

Ese mismo fiscal fue el que había apoyado el archivo de la causa, reabierta el pasado año tras una contundente resolución de la Audiencia Provincial, en la que se daba un rapapolvo a la jueza instructora, Celia Blanco, por no haber llevado a cabo las suficientes diligencias de investigación que justificaran el sobreseimiento.

En la rueda de prensa ofrecida este lunes, Santiago Pérez ha recordado esa decisión de la Audiencia Provincial, acaecida en respuesta a un recurso de los denunciantes, y añade que “todas las decisiones al margen de la ley que tomó Clavijo tenían como objetivo no resolver el contrato con la concesionaria, pese a sus incumplimientos, prorrogarlo y ceder el servicio a una nueva empresa”, que ahora tiene una facturación anual de 650.000 euros. Alude así el edil de XTF-NC al actual propietario de Grúas Poli, José Luis Tacoronte, que pagó por la empresa un simbólico euro a cambio de enjugar una deuda de 600.000 euros.

Se da la circunstancia, según subraya Pérez, que el Ayuntamiento designó a dos funcionarios para intervenir la concesionaria, cuyas recomendaciones “incumplió Clavijo gravemente, pues debió ser sancionada y el servicio rescatado”.

Sobre el nuevo informe del Ministerio Fiscal, el líder de XTF-NC recuerda que ya en las actuaciones que llevaron al archivo inicial de la denuncia comentó que el fiscal “mantenía una actitud pasiva en este proceso” y que estas presuntas irregularidades debía investigarlas la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ahora, según explica Pérez, “la jueza elevará la memoria razonada del caso al TSJC, al que corresponde continuar la investigación por el aforamiento de Clavijo. Será el que decida la imputación”.

Filtración para un “ataque preventivo” al fiscal

Especialmente contrariados estaban los denunciantes por la filtración del escrito del fiscal, cuando ni siquiera aún tienen acceso oficial a este documento ni el denunciante ni los denunciados. “Esto se notifica por un programa informático de Justicia, por lo que se da una paradójica situación: un escrito que ya tienen, de forma privilegiada, algunos medios, pero no tienen ni pueden tener los denunciantes”.

De ahí que el portavoz de XTF-NC especule con que ha sido filtrado por alguien del propio Gobierno canario, “para hacer una especie de ataque preventivo a la Fiscalía, afeándole que cambie de criterio, y sin dar la cara quien está detrás de esta información, en lo que supone una interpretación intencionada” sobre la labor de la Fiscalía y el curso de los acontecimientos desde que se reabrió el caso por orden de la Audiencia Provincial.