Los partidos denunciantes del caso Grúas, XTF-NC y Unidos Se Puede (en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna), advirtieron este martes de que estarán “muy pendientes” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) actúe con “imparcialidad” en la decisión que deberá tomar a raíz de que la jueza instructora de ese proceso, Celia Blanco, haya elevado el caso a esa instancia judicial y solicitado la imputación del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC).
Así lo ha avisado este martes el portavoz de XTF-Nueva Canarias, Santiago Pérez, quen se muestra convencido de que “el Gobierno de Canarias intentará subterráneamente desarrollar todo tipo de presiones para mediatizar la imparcialidad” del Alto Tribunal canario, al punto de que en “ciertos corrillos” del poder autonómico “se viene diciendo: 'No se preocupen, que esto lo paramos en el TSJC”.
Pérez ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa con el líder de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, en la que ambos estiman que a lo largo del mes de septiembre el TSJC citará a Clavijo como investigado en esta causa.
Ambos anunciaron además que presentarán una iniciativa conjunta en el pleno del Ayuntamiento lagunero para revocar el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Grúas, “aprobado con una mayoría ilegítima, con los votos incluso de dos imputados” por este mismo asunto y “con conclusiones mentirosas”. De ahí que para Pérez y Ascanio “se tenga que restablecer la verdad”, pues “la Audiencia Provincial, el fiscal y la jueza instructora” ya coinciden en que hay indicios probados de criminalidad en este expediente administrativo.
En su alegato ante los periodistas, el portavoz de XTF-NC llegó a referirse al propio presidente del TSJC, Antonio Doreste, a quien ha enviado el mensaje de que su partido estará vigilante, y cree que así lo debe estar también la “sociedad canaria” para que este organismo judicial actúe con independencia en el proceso y sea impermeable a supuestas presiones de CC.
“Mentiras” para una “prórroga de 10 millones”
Pérez trata de desacreditar el argumento del “interés general” y de que actuó conforme a la legalidad que utiliza el exalcalde para defenderse en este caso, pues tal explicación, para el edil de XTC-NC, “es una tomadura de pelo a los canarios”, desde el momento en que “la ley no prevé que un ayuntamiento dé créditos a empresas, y solo se puede hacer lo que la ley autorice, digan lo que digan los catedráticos contratados por Clavijo, quien además debió haber sacado a concurso público de nuevo el servicio por los gravísimos incumplimientos e irregularidades de Autogrúas Poli”.
Tal rescate de la concesión no solo no fue así, sino que se prorrogó cuando la empresa ya estaba en manos de los “amigos” de Clavijo, y con esta medida de gracia fue vendida a un “humanitario” comprador, el empresario Luis Tacoronte, que adquirió Autogrúas Poli por un simbólico euro a cambio de enjugar sus 700.000 euros de deuda. En total, una prórroga que mueve un volumen de negocio de 10 millones de euros que sale de las arcas públicas laguneras.
El edil de XTF-NC también tacha por ello de “falsa” la justificación que da ahora Clavijo para haber dado ese “préstamo ilegal” a la concesionaria: la crisis económica y la peatonalización del casco histórico, una “mentira que repiten en CC como papagayos”.
En este sentido, Pérez llama la atención sobre el hecho de que los trabajadores del servicio de grúas compraran la empresa a su propietario original, Luis Padilla, “a ciegas, comprometiendo su patrimonio personal”, algo que “solo es posible porque tenían la garantía de que todo iba a llegar a buen puerto y sería un buen negocio; una garantía que solo se la podía dar Clavijo”.
Para el concejal denunciante del caso Grúas “la conexión del entonces alcalde con estos trabajadores metidos a empresarios está archidemostrada ya”.
“Prevaricación con la excusa del interés general”
En esta misma linea argumental, Ascanio opina que el interés general no ha sido en este caso el de CC, pues montó “un entramado que tiene que ver con la prevaricación”. Por eso entiende que la petición de la jueza al TSJC para imputar a Clavijo “es un paso importante en la dirección que venimos señalando”.
Para el portavoz de este Unidos Se Puede, “la privatización del servicio de grúas, con un coste de 150.000 euros al año mayor que con la gestión directa, no fue por interés general, sino para obligar a vender la empresa a los amigos; y no es interés general no controlar las irregularidades de esta concesionaria, ni darle el préstamo con los informes del Interventor en contra, y encima renovarle concesión en lugar de sacarla de nuevo a concurso”. “Estos son comportamientos mafiosos, que no puede nunca ser parte del interés general”, remacha el edil.