Los partidos denunciantes del caso Grúas, Unidos Se Puede y XTF-NC, han mostrado este lunes en rueda de prensa conjunta su confianza en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) devuelva en los próximos días o semanas la instrucción de esa causa al Juzgado nº 2 de La Laguna, ante la inminente entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que suprime los aforamientos, incluido el del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.
El TSJC, al cual fue remitido el expediente por la condición de aforado de Clavijo, tiene por el momento la potestad sobre este caso y, por tanto, debe decidir si el mandatario regional debe ser investigado (imputado) por su actuación como alcalde de La Laguna en la concesión de un préstamo a la adjudicataria del servicio municipal de grúas, como ha solicitado la jueza de primera instrucción y la Fiscalía del juzgado lagunero. Aunque el TSJC perderá esta jurisdicción en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Estatuto autonómico aprobado en las Cortes la pasada semana.
Para el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, “lo razonable y lo previsible es que el Tribunal Superior devuelva todas las actuaciones” al juzgado instructor, sin tomar una decisión sobre Clavijo, “pues, si asume el caso, se quedaría a los tres días sin esa jurisdicción, porque la va a perder de un momento a otro”, una vez se aplique el nuevo Estatuto de Autonomía.
Pérez basa su argumentación en que “quedan muchas diligencias de investigación”, incluida la ampliación de la denuncia contra una funcionaria que ejercía como directora general de Seguridad en el Ayuntamiento lagunero.
Para el líder de XTF-NC, es una “gran noticia” la desaparición de los aforamientos, que tachó de “antigualla y privilegio”, y destaca sus efectos inmediatos en esta causa “en la que hay indicios razonables de criminalidad” en la actuación como alcalde del hoy presidente del Gobierno canario, quien supuestamente favoreció a sus “amigos” trabajadores de Autogrúas Poli que después compraron la empresa a su dueño original, José Padilla, y luego la vendieron por un simbólico euro a un empresario del sur de Tenerife.
Subraya el edil que cuando el juzgado retome la instrucción del caso se deberá esclarecer la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad documental.
Autogrúas Poli no saldó con el préstamo toda su deuda
Pérez también pone de relieve que algunos extrabajadores de Autogrúas Poli no han cobrado aún lo que les adeuda la empresa, a pesar de que Clavijo dio el “ilegal” préstamo de 120.000 euros con dinero público precisamente para que se pagara el sueldo a los empleados y otros gastos ordinarios de la concesionaria, por lo que “todo ha sido una mentira detrás de otra”.
Se trata de un llamativo hecho que además ha destacado el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, que advierte de que la Justicia no ha culminado la investigación, pues no han sido aún llamados a declarar ni Padilla ni los antiguos trabajadores de la concesionaria que denunciaron en su día irregularidades.
Aprovechó este punto para desmentir que el caso Grúas sea “una denuncia política”, como ha vuelto a descalificarla Clavijo, sino que apuntó que el origen fue una denuncia de los propios empleados de la adjudicataria que no eran amigos del entonces alcalde.
Igual que Pérez, Ascanio sostiene que “lo lógico” es que el juzgado de instrucción sea el que asuma el caso “lo antes posible”, pues “no es justo que haya una Justicia rápida para los pobres y lenta para los poderosos”. Además, desde su punto de vista, “a la jueza [Celia Blanco] no le quedará otra que imputar a Clavijo”, porque así se lo planteó al TSJC, tras reabrir el caso por orden de la Audiencia Provincial y hallar la Fiscalía indicios de prevaricación y malversación por la concesión de un préstamo con dinero público a sabiendas de que era ilegal, pues de esta circunstancia advirtió el interventor general del Ayuntamiento.