Ángel Luis Guimerá Ravina, abogado de los promotores de Inversiones Las Teresitas (ILT), Ignacio González y Antonio Plasencia, ha solicitado a la juez Carmen Serrano que desvincule la causa penal de la civil. En el día de hoy acabó la vista oral aunque la sentencia podría demorarse hasta que haya un pronunciamiento firme en la vía penal. Ambos contenciosos tienen su epicentro en la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de playa en 2001, sin cumplir los trámites exigidos en estas operaciones, por lo que fue anulada en el Tribunal Supremo (TS). Ahora el proceso civil intenta abrir una vía para cumplir aquel fallo ante la imposibilidad de hacerlo en otras instancias.
En la segunda sesión del juicio que se celebró en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, los empresarios que vendieron las once parcelas del frente de playa al Ayuntamiento exigieron que la tasación hecha por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que fija el valor en un arco que va de los doce a los quince millones, no se tenga en cuenta. Y es que durante la vista no comparecieron los peritos, con lo cual según Guimerá este informe queda anulado. “Tenga esa prueba por no presentada o no la valore”, dijo, asunto que queda pendiente de resolver.
Guimerá Ravina cree que vincular la causa penal que mantiene a sus representados como acusados supone una “manipulación”. Se da la paradoja de que en el pleito civil el Ayuntamiento es el recurrido mientras que en la penal es el recurrente. Y además, sus dos representados comparecerán como acusados y no como denunciantes. “Estamos hablando de dos entidades distintas. Esos vasos no pueden ser identitarios”, indicó.
El abogado del Ayuntamiento, Juan Luis Estévez Fernández, considera adecuada la decisión de vincular ambas causas, dada la envergadura de la primera. Será en el ámbito penal en el que se podrá demostrar que el negocio fue ilícito. En cualquier caso admitió que el Ayuntamiento incumplió determinados trámites y el principio de no superar el abono de ciertos precios. “Fuimos unos socios leales e intentamos por todos los medios posibles sacar adelante la compraventa. Es el Ayuntamiento el que ha salido perdiendo enormemente”.
En su intervención final para exponer las conclusiones, Ravina recordó que en el año 2010 el TS ratificó la anulación de la compraventa por un error cometido por el Ayuntamiento al no incluir una tasación elaborada o suscrita por la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas. Por ello, defiende que ahora los empresarios no tienen porqué cargar con las consecuencias de una equivocación municipal. Por ello, exige que para dar cumplimiento a aquella sentencia del TS, la única posibilidad es que ILT recupere las propiedades vendidas y con idénticas posibilidades edificatorias. “Existe jurisprudencia de sobra que apunta que la liquidación civil es perfectamente realizable y únicamente se puede llevar a cabo entregando lo mismo”.
Recordó que fue el Ayuntamiento el que mostró interés e incluso “presionó” en comprar las parcelas y así lo hizo, “sacrificando derechos consolidados de mis clientes”. Para este abogado, la Corporación local “ha quebrado la legítima confianza y ahora no quiere saber nada de su quehacer irresponsable”.
Como alternativa, Guimerá propone no devolver cantidad alguna al Ayuntamiento y que además se les indeminice con otros 53 millones por los perjuicios causados. “Cuando los de arriba pierde la vergüenza, los de abajo pierden el respeto”, indicó. El abogado matizó que el Supremo en ningún momento sentenció que la compra fue ilegal, sino que el Ayuntamiento no cumplió con los requisitos exigidos en este tipo de operaciones. Reprochó a la defensa jurídica municipal que se hubiese personado con un sólo informe en el que se defiende que se traspasaron derechos edificatorios a Las Huertas por 9 millones y sin ninguna tasación propia. El Ayuntamiento quiere que se le compense por esa cifra en caso de que tenga que quedarse con los terrenos.
Rechaza igualmente que la Comisión de Valores se pronuncie sobre el precio final de la playa en cuanto este organismo sólo puede hacerlo en caso de expropiaciones. En principio la juez ha aceptado esta opinión pero más adelante podría solicitar a la Comisión que interviniera. Descartó que la moratoria o los estándares turísticos que fijan el número mínimo de metros cuadrados por cama, tuvieran efecto alguno. Una vez más ratificó que el proyecto de urbanización había sido aprobado inicialmente en 1991 y a continuación salió adelante por silencio administrativo positivo.
Sobre que la Corporación local volvió a comprar 80.000 metros cuadrados que ya eran suyos, Guimerá dijo que el convenio de 1986 había anulado otro anterior que fijaba que estas parcelas fueran municipales si no se pagaban doce millones de pesetas por las obras en la playa artificial y accesos. Indicó que la Junta estaba cumpliendo con sus obligaciones y calificó de “montaje ridículo” que los propietarios se quedaran sin sus derechos por 72.000 euros.
Para el abogado municipal, la resolución de este contencioso sólo pasaría porque ILT devuelva el dinero pagado más intereses. “Todos sabemos perfectamente que un día antes de cerrarse la venta Antonio Plasencia e Ignacio González tenían en su patrimonio 33 millones de euros, que es lo que le costaron estos terrenos tres años antes. También sostuvo que la moratoria tendría una aplicación directa al impedir la ejecución de nueve hoteles y varias edificaciones con uso comercial.