Evaristo González se escondía tras un entramado de empresas con testaferros y 'hombres de paja', según un testigo policial

Uno de los agentes de la Policía Nacional que investigó el caso Corredor ha declarado este martes en el juicio que el empresario y abogado Evaristo González era quien dirigía las empresas a través de las cuales, según la acusación, se defraudaron más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social.

En la sesión del juicio han testificado los inspectores de trabajo y de la Seguridad Social que levantaron las actas de infracción en distintos locales de ocio de La Laguna por la presencia de trabajadores que no estaban dados de alta.

Los establecimientos estaban a nombre de sociedades a cuyo frente, según la acusación, Evaristo González ponía a testaferros, aunque en realidad era él el propietario y quien dirigía las operaciones.

En esa línea ha ido el testimonio del agente de la Policía Nacional, convocado por la Fiscalía, que estuvo a cargo de la transcripción de las escuchas que mantenía el empresario con sus “hombres de paja” y con la secretaria de su empresa, que se interceptaron a partir de 2009.

Junto a Evaristo Gonzalez, que como letrado participa en su propia defensa y para el que la fiscalía pide 44 años de prisión, se sientan en el banquillo trece colaboradores o supuestos testaferros, con peticiones de prisión entre dos y ocho años.

Uno de sus supuestos testaferros de entonces, quien también estaba imputado en la causa, era el empresario Carlos Machín, asesinado en 2018 presuntamente por encargo del propio Evaristo González, en prisión preventiva por ese caso desde el pasado año.

El agente policial explicó que en las conversaciones interceptadas se escucha cómo se preparaban nóminas falsas que servían para pedir créditos, se fabricaban despidos ficticios o se ocultaban propiedades del empresario a nombre de las sociedades que creaba.

Entre esas propiedades figuraban al menos varios vehículos y dos casas, una en el sur de Tenerife y otra en Puerto de la Cruz, según el testimonio del agente.

Esas casas, en las que el empresario residía y que describía como suyas en sus conversaciones, estaban registradas a nombre de sociedades que formaban parte del “entramado empresarial” que Evaristo González dirigía y a cuyo frente ponía a personas de su confianza, “cabezas visibles” u “hombres de paja”, según el policía.

En algunos de esos negocios de ocio se realizaron inspecciones de la Seguridad Social en las que se identificó la presencia de trabajadores a los que no se daba de alta, pero los representantes de las sociedades a cuyos nombres figuraban los establecimientos nunca comparecieron cuando fueron requeridos para presentar la documentación correspondiente.

Las actas levantadas fueron tanto por fraude a la Seguridad Social como por obstrucción a la inspección, al no aportar ningún tipo de documentación, según declararon los funcionarios actuantes.

Uno de ellos explicó que es muy poco habitual que una empresa inspeccionada no comparezca, “un porcentaje insignificante”, del orden de uno o dos casos en un año en el que puede realizar 300 inspecciones.

“Al no comparecer, la empresa no solo no se defiende, sino que obstruye la labor inspectora”, dijo el testigo.