La Fiscalía denuncia la ampliación del Monkey Beach Club por presuntos delitos urbanísticos

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó la semana pasada una denuncia por presuntos delitos urbanísticos relacionados con las obras de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado a los pies de la playa de Troya, en el municipio de Adeje. Según ha confirmado mirametv.com, el Ministerio Público, después de una investigación inicial que se ha prolongado durante seis meses, ha encontrado indicios de ilegalidades suficientes para solicitar al juzgado que instruya una causa que permita aclarar si existen responsabilidades penales.

La actuación de la Fiscalía se basa en los indicios de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística hallados en las diligencias preliminares, durante las que se encargaron varios informes al Seprona de la Guardia Civil y a la Policía Local de Adeje y se requirió documentación sobre el expediente a las administraciones públicas implicadas. Los hechos parten de una denuncia presentada a finales de 2017 por la Comunidad de Vecinos Galaxia.

Aunque la licencia de las obras de ampliación está amparada en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de Costa Adeje, la Fiscalía quiere aclarar si la construcción actual es legal o si vulnera la normativa vigente, especialmente la Ley de Costas. Un asunto complejo que requiere de una investigación más profunda, lo que ha motivado la denuncia de la acusación pública para que se abra un procedimiento penal que pueda aclarar las dudas planteadas durante las diligencias preliminares de investigación.

El Monkey Beach Club acomete en la actualidad un proyecto para ampliar la construcción original en dos nuevas alturas. Los vecinos que denunciaron consideran que, aunque los trabajos puedan estar amparados en el Plan de Modernización, las obras incumplen la Ley de Costas, que es una normativa a la que no puede contradecir un instrumento de ordenación como el PMM.

Un informe elaborado en marzo por la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, a petición de la Delegación del Gobierno tras un requerimiento de los vecinos afectados, reconoce que la construcción original se levantó en 1975 sin contar con los permisos exigibles por la legislación, pese a que invade el dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres. El órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente también concluye que, aunque las obras de ampliación cuentan con las “requeridas autorizaciones”, la terraza del establecimiento tiene que ser derribada por ocupar el dominio público.

A pesar de que Costas admite tener conocimiento de que parte de la construcción tiene que ser demolida, a día de hoy no se ha tirado nada de la terraza original, que incluso se adentra en la arena de la playa. El informe de la Demarcación provincial se excusa en que los propietarios del local de ocio, los hermanos Cabrera Losada, presentaron en marzo de 2017 un proyecto, distinto al de las obras de ampliación, para derribar la parte del establecimiento que invade el dominio público. Un proyecto que, un año y tres meses después, aún no se ha ejecutado.

Aunque el derribo de la terraza es importante, el grueso de la investigación se centra en conocer si las obras de ampliación cumplen con la Ley de Costas. En principio, están amparadas en el PMM, que revisa las limitaciones fijadas en el Plan General de Ordenación (PGO) y permite el aumento de dos plantas en la construcción y un incremento de la edificabilidad de más de 600 metros cuadrados. El documento, que aprobó el Gobierno de Canarias justo antes de finalizar la legislatura en mayo de 2015, está recurrido judicialmente en el Contencioso-Administrativo.

Uno de los argumentos que generan dudas legales en el PMM es su aprobación sin contar, precisamente, con el informe preceptivo y vinculante de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife. El órgano estatal elaboró un primer dictamen el 20 de mayo de 2015, que se presentó fuera de plazo, en el que realizó una serie de observaciones al texto y pidió su devolución, una vez corregido, para emitir las conclusiones definitivas. El Gobierno de Canarias obvió el trámite y dio luz verde al Plan de Modernización de Costa Adeje dos días después.

El autor del informe, Juan Antonio Troya, jefe de Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, llega incluso a asegurar que “se deberían solicitar los informes jurídicos que pudieran proceder sobre la aprobación del PMM de Adeje, por no constar su aprobación definitiva por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar”.

Reapertura

ReaperturaEn plena investigación de la Fiscalía, sin haber finalizado las obras de ampliación y sin que se haya derribado la parte que invade el dominio público, el Monkey Beach Club reabrió sus puertas el pasado 17 de junio. El Ayuntamiento de Adeje ha abierto un expediente y ha enviado a técnicos municipales a inspeccionar el establecimiento para investigar si el local de ocio puede retomar la actividad en base a la licencia de apertura que tenía concedida con anterioridad a los trabajos o tiene que solicitar una nueva, como reconoció en el último pleno municipal la concejala de Urbanismo, Ermitas Moreira.

El periódico La Opinión de Tenerife también ha difundido un vídeo en el que una usuaria de la playa de Troya critica que el Monkey Beach Club por verter “agua sucia”. En las imágenes se puede apreciar a trabajadores del negocio hacer tareas de limpieza mientras los desagües en forma de tubo llevan el agua desde el suelo del recinto directamente hasta la arena.

La empresa promotora de las obras de ampliación, Nuevo Servicio y Turismo JCC, SL, es de los hermanos Cabrera Losada, propietarios del Monkey Beach Club. El gerente, Javier Cabrera Losada, es vocal en materia de Ocio del Consejo Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje.

El PMM de Costa Adeje fue elaborado por Gesplan, la empresa del Gobierno de Canarias que se encarga de tramitar los planeamientos en municipios donde no se tiene la capacidad técnica para ello. El que era gerente de Gesplan cuando se tramitó el documento, Rafael Castellano, fue reconocido en un acto del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) por su participación en la elaboración del Plan.

El FAST está presidido por del expresidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña José Fernando Cabrera, padre de los dueños del Monkey Beach Club, que se han visto beneficiados por la nueva normativa urbanística que ha permitido las obras de ampliación del local de ocio.