El acusado de asesinar a su tía el 2 de febrero del 2019 en el barrio de Ofra (Santa Cruz de Tenerife) ha declarado este lunes durante la apertura del juicio oral que el día de los hechos se encontró a la víctima fallecida cuando regresó al domicilio en el que vivían juntos, y ha negado que tuvieran una relación sentimental: “éramos como amigos”.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, G.S.C., de 57 años, mantenía una relación “de afectividad” desde 2012 con su tía R.M.C.H., de 60, que padecía de una discapacidad reconocida del 66 por ciento y con cuya pensión también lo mantenía a él.
El acusado, que solo ha respondido a preguntas de su defensa, ha asegurado que su tía sufría ataques epilépticos con frecuencia y que con nueve años debieron de extirparle un tumor cerebral: “era como una niña caprichosa, y siempre estuvo algo mimada por el padre”, ha añadido.
Según su testimonio, él era el único miembro de la familia de su tía que podía hacerse cargo de ella, con quien mantenía una buena relación, “como dos amigos”, y ha negado que mantuvieran una relación más allá de la familiar o que no le dejase hablar con otros familiares.
G.S.C. ha subrayado también que tiene lagunas del día de los hechos, que no supo reaccionar al ver a su tía presuntamente fallecida y que, por ello, no avisó a efectivos médicos. Trató de reanimarla e incluso le sacó la lengua, pero no respondió, según ha declarado.
Luego tomó “dos cajas” de tranquilizantes y no recuerda la llegada de los agentes policiales ni el lavado de estómago que le realizaron.
Ha apostillado además que padecía una depresión y que bebía alcohol a diario.
El encausado ha pedido al comenzar la vista prescindir de los servicios de su abogado defensor por sentirse mal representado, y ha alegado, entre otras razones, que el letrado no le cogía el teléfono durante la preparación del juicio y que hasta hoy no tuvo oportunidad de comunicarle su decisión.
La petición fue rechazada porque, según el juez, podría perturbar al proceso y porque el derecho a la legítima defensa no es “ilimitado” y no ampara, en cualquier caso, “estrategias dilatorias” o sorpresivas.
Y ha añadido que las alegaciones de G.S.C. en este aspecto no parecen razonables ni fundamentadas, aparte de que la labor del letrado defensor ha sido profesional.
Según el Ministerio Fiscal, la pareja convivía en San Andrés y Sauces (La Palma) en un día a día de “vejaciones y agresiones”. G.S.C. fue condenado el 13 de enero de 2015 por un delito de “maltrato en violencia doméstica” y una falta de amenazas, pero retomaron la relación una vez él finalizó su condena en verano de 2016.
El acusado, según la Fiscalía, retomó al parecer las agresiones, las vejaciones y un “sistemático ataque” a la integridad física de la mujer, quien en julio de 2018 tuvo incluso que acudir al centro sanitario de la zona después de que G.S.C. la arrojase por unas escaleras.
R.M.C.H. reconoció entonces la agresión, pero no denunció por miedo: “si lo denuncio, me mata”, dijo, según el relato acusatorio.
Ese mismo verano se mudaron hasta el barrio de Ofra (Santa Cruz de Tenerife), donde continuaron los maltratos físicos y verbales, algunos de ellos en presencia de los vecinos, prosigue la Fiscalía. Este traslado, según la acusación.
Una sucesión de golpes “cada vez más violentos” de G.S.C. el 2 de febrero del año pasado acabó con la vida de la mujer, indefensa dada su discapacidad y su “débil constitución”.
La autopsia, añade el escrito de acusación, evidenció múltiples lesiones por golpes recientes y fracturas de diferentes datas “producidas por los años de continuas lesiones”, soldadas sin asistencia médica, así como distintas hemorragias, una de ella mortal en la cabeza.
Por todo ello, la Fiscalía acusa a G.S.C. de un delito de asesinato al apreciar alevosía y ensañamiento con las circunstancias agravantes de parentesco y desprecio por razón de género, y otro delito por maltrato habitual con la agravante de reincidencia.
Y pide prisión permanente revisable por el delito de asesinato, con prohibición expresa de regresar a La Palma, y dos años y tres meses de prisión por maltrato habitual, así como una indemnización de 100.000 euros por responsabilidad civil.
La acusación particular, personada en el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ha recordado que este caso fue el primero en considerarse un asesinato machista el año pasado, un 2019 “absolutamente negro” en este tema en el archipiélago, ha lamentado.