A la principal empresa comercializadora de apartamentos turísticos a tiempo compartido (timesharing) en el sur de Tenerife, Silverpoint Vacations, se le acumulan los problemas judiciales. A los cientos de procesos de ejecución que se mantienen abiertos a raíz de sentencias que se han saldado con la anulación de los contratos firmados con los clientes por irregularidades en la venta, la sociedad heredera de la fundada en los años ochenta por el empresario británico Bob Trotta suma, desde hace unos meses, un nuevo frente. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife investiga la presunta descapitalización de la firma a través de la venta masiva de inmuebles de su propiedad a empresas instrumentales o del desvío de fondos a sociedades del mismo grupo en el extranjero. Las pesquisas del Ministerio Público se abrieron como consecuencia de una denuncia interpuesta por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), que atisba en estas operaciones un claro propósito de Silverpoint Vacations de eludir las responsabilidades judiciales y evitar el pago de las condenas. Son cientos los afectados.
Según los datos del bufete especializado en derechos turísticos de tiempo compartido, el patrimonio de la empresa se redujo en cerca de un 70% en apenas cinco meses, al vender 52 de los 76 inmuebles de su titularidad en el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y febrero de 2019. Todo ello a través de lo que CLA define como una “burda maniobra”, consistente en la creación de una sociedad ad hoc para que la propiedad cambie de manos, al menos en apariencia, pero el dominio continúe en las mismas. La operación descrita es la siguiente: Silverpoint Vacations vende el inmueble a la empresa instrumental para, posteriormente, pasar a administrarla y conservar la explotación de las instalaciones a través de un acuerdo de cesión con la mencionada sociedad.
Al gigante del timesharing del sur de Tenerife se le acusa además de desviar capital hacia otras empresas que, si bien son integrantes del mismo grupo, permanecen ajenas a las condenas judiciales y a sus correspondientes procesos de ejecución. Es el caso de Signallia Marketing, responsable de las reservas, o de Excel Hotels and Resorts, que se encarga de la gestión de los derechos vendidos por Silverpoint Vacations y cobra las cuotas de mantenimiento a sus clientes. La denuncia también alerta, a partir del informe financiero de la empresa, de dotaciones para inversión cuyo paradero se desconoce, del desvío al extranjero de los ingresos que sigue generando y de un “descenso importante” en los saldos de sus cuentas corrientes desde que, en el año 2017, comenzaran a recaer en su contra sentencias del Tribunal Supremo.
Según la información que traslada la dirección a los clientes afectados, la empresa no sufre problema de liquidez ni se encuentra en una situación preocupante. A CLA le consta, además, que Silverpoint Vacations mantiene una “prolífica actividad”, con cientos de contratos vivos, y que, además, sigue comercializando productos turísticos y ha modificado las fórmulas de venta. “Lejos de cesar su actividad, se reinventa”, afirman desde el despacho de abogados para contradecir lo afirmado por la empresa investigada en los procesos judiciales en los que se encuentra inmersa, esto es, que no percibía ningún ingreso fruto de su actividad comercial.
Al igual que ocurre con el grupo Anfi en la isla de Gran Canaria, Silverpoint Vacations se ha negado sistemáticamente a pagar de forma voluntaria a los clientes en los pleitos civiles en los que ha sido condenada y también se ha resistido a responder a los requerimientos de los juzgados para que informara de los bienes susceptibles de embargos.
Según datos del despacho CLA, esta empresa adeuda a los afectados cerca de cinco millones de euros entre las sentencias firmes y las que se encuentran en fase de recurso. Los denunciantes hablan de una actitud “rebelde” de la empresa que se suma a la estrategia “dilatoria” en los procedimientos y las ejecuciones, al continuar recurriendo las resoluciones sobre un asunto que el Supremo ya ha resuelto en decenas de ocasiones desde su primera sentencia al respecto, de enero de 2017.
Como consecuencia de esta manera de proceder, uno de los representantes de Silverpoint Vacations deberá responder próximamente a la acusación de un delito de obstrucción de la justicia y frustración en la ejecución, después de que un juez de Arona abriera contra él procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral. Otro juzgado del municipio sureño ha ordenado recientemente el embargo de tres fincas de la empresa para saldar una deuda de algo más de 62.000 euros con uno de sus clientes.