La Consejería de Obras Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias han sido condenadas a pagar un total de 6 millones de euros por las expropiaciones que en un primer momento se iban a destinar en su totalidad a construir un Polideportivo universitario de El Coromoto, en el barrio lagunero de Geneto.
En concreto, la Consejería de Educación debe abonar 4,2 millones, más otros 686.500 de intereses, que se corresponden al coste de la ocupación de 25.600 metros cuadrados con el fin de dedicarlo a zona deportiva adscrita a la Universidad lagunera. Por su parte, Obras Públicas tiene que desembolsar 922.000 euros por 5.600 metros cuadrados sobre los que se prevé que pase la conocida como Ronda Sur del Anillo de La Laguna.
A esta cifra hay que sumarle, por ahora, otros 148.700 euros en intereses de demora. En ambos casos las cantidades serán abonadas a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, entidad que fue la que en su momento efectuó los pagos a los antiguos propietarios.
En principio la parcela original sumaba 31.200 metros cuadrados que iban a destinarse en su totalidad a la construcción del polideportivo. Sin embargo, el Plan Especial Territorial del Sistema Viario del Área Metropolitana, redactado con posterioridad, ocupó la parcela de 5.600 por donde se prevé que discurra la conocida como Ronda Sur del Anillo de La Laguna.
Desde 2012 y hasta 2015 el Ayuntamiento lagunero se hizo cargo del pago de estas expropiaciones, pero posteriormente ha tenido que recurrir a los tribunales para que el Gobierno canario asuma sus responsabilidades. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en dos fallos judiciales distintos, se ha puesto del lado de la Corporación local, al sentenciar que Obras Públicas y Educación tenían que haber hecho frente a estos pagos en el año 2013.
La primera de estas consejerías argumentó que no había tenido nada que ver en el proceso expropiatorio aunque luego se comprobó que en su momento se le había enviado una notificación. Por ello, el TSJC destaca que “no participó en el proceso debido a su falta de interés, pese a ser plenamente consciente de la situación que existía”. También la Consejería subrayó que la nueva carretera era de ámbito local, lo que tampoco fue admitido por los tribunales, al ratificar que esta vía se encuentra entre las que serán financiadas a través del convenio firmado con el Estado. Por lo tanto las expropiaciones deben ser cubiertas también con los fondos de este acuerdo.
El uso deportivo estaba recogido en el Plan General del año 2000, mientras que el viario se introdujo en 2006, cuando se planificó el nuevo sistema viario de Santa Cruz-La Laguna. Desde entonces los propietarios no podían hacer uso de sus fincas, ya que tampoco se llevaban a cabo las actuaciones previstas. Todo ello dio lugar a un tenso enfrentamiento con la Corporación local, a la que demandaban que hiciera efectivas las ocupaciones. Obras Públicas es considerada la administración que se subroga la expropiación de la parcela destinada al viario, pese a que en principio tenía uso deportivo.
Otro tanto ocurre con la Consejería de Educación, que según el TSJC también estuvo en todo momento informada de los planes expropiatorios. Se rechaza su argumento de que el futuro polideportivo iba a ser gestionado en parte por el Ayuntamiento o terceros, ya que la parcela siempre quedó afectada “claramente” a una instalación de equipamiento universitario, a solicitud de la propia Universidad.