El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha dicho este martes que ha dado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un plazo de 36 meses para realizar las modificaciones urbanísticas que puedan permitir que la ciudad de la Justicia de Tenerife se ubique en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña, la ubicación preferida por los operadores jurídicos, entre otras organizaciones y colectivos, informó la agencia Efe.
José Manuel Barragán, que ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento para el año próximo, ha señalado que hay 200.000 euros en él para iniciar ese proyecto.
Ante la aparición de diversas críticas porque no aparece esa cantidad diferenciada, José Miguel Barragán ha indicado que su departamento está dispuesto a que la Ciudad de la Justicia se ubique en la zona de Cabo Llanos, como piden los operadores jurídicos, sindicatos y plataformas, en lugar de en El Sobradillo, como ha propuesto el Ejecutivo regional.
El consejero ha sostenido que, si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no garantiza en un plazo de 36 meses que tiene la modificación urbanística aprobada, seguramente se reunirá con los colectivos para preguntar si están dispuestos a esperar otros diez año o prefieren a actuar en El Sobradillo, donde se puede intervenir en “mucho menos tiempo”.
Este pronunciamiento lo ha hecho el consejero después de que el mes pasado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dijese que se había desbloqueado uno de los principales condicionantes para construir la Ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos.
El principal problema para ubicar en Cabo Llanos la Ciudad de la Justicia es que para ello se precisa de una parcela que tiene un uso docente, pues está previsto que en ella haya un colegio público.
Tras una reunión con representantes de los citados colectivos y de la Consejería, el alcalde explicó que, detrás de las torres, hay una parcela que es propiedad del Gobierno canario y de la empresa pública Gestur y que no tiene uso docente, pero que el Ejecutivo pone a disposición del Ayuntamiento para que, con las modificaciones necesarias, el uso docente pase a esa parcela, con lo que se mantendría el colegio público en la zona de Cabo Llanos.
Si esa modificación urbanística se lleva a cabo en el plazo de 36 meses, el Gobierno regional dará su apoyo a la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, según lo expuesto en sede parlamentaria por el consejero Barragán.