El concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró este miércoles que el informe de la Fiscalía Anticorrupción que considera que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), pudo prevaricar “marca un hito”.
En una rueda de prensa, Santiago Pérez ha incidido en que el informe de la Fiscalía apunta a que Fernando Clavijo, cuando estaba en el Ayuntamiento, y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, cometieron presuntamente delitos de prevaricación porque, entre otros aspectos, ignoraron el informe de los funcionarios que alertaba de que la empresa de grúas incumplió de forma “grave” las condiciones contractuales.
“Autogrúas Poli no estaba al día en el pago a los trabajadores, una obligación esencial; tenía deudas muy cuantiosas con las agencias tributarias estatal y canaria, y estaba en condiciones de insolvencia, lo que la obligaba a convocar un concurso de acreedores”, ha enumerado Santiago Pérez.
Fernando Clavijo y José Alberto Díaz mantuvieron ese informe “escondido” durante dos años, según el concejal lagunero, porque pensaban concederle a Autogrúas Poli un préstamo, “como finalmente hicieron”, y prorrogar el servicio según un contrato “que tuvo que ser resuelto”.
Santiago Pérez, que es uno de los denunciantes del caso, ha celebrado que el informe de la Fiscalía coincida con la acusación particular del caso Grúas, que forman Unidos Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna, en que el préstamo no fue en ningún caso una transferencia interna, ya que lo pidió el apoderado de la empresa y el Ayuntamiento se lo concedió.
Además, en su opinión la Fiscalía apunta igualmente a que la explicación de muchas decisiones que tomó Fernando Clavijo se deben a su relación “de amistad, de cercanía” con los empresarios de Autogrúas Poli.
Por otro lado, el edil lagunero ha criticado que el decreto ley convalidado hoy en el Parlamento de Canarias con el que se podrá continuar con la reposición de las viviendas de Las Chumberas no proteja a los vecinos, sino tan solo a Fernando Clavijo.
En torno a este asunto, Santiago Pérez ha citado un informe de la Abogacía del Estado que, según ha dicho, garantiza el apoyo del Estado en la operación siempre que el Ayuntamiento justifique qué ha hecho hasta ahora con el dinero.
“La administración de la Comunidad Autónoma es la única que no ha dicho nada. Porque si dice lo mismo que la del Estado o la del Cabildo (de Tenerife), tienen que investigar al presidente del Canarias. Y Clavijo la está amordazando”, ha acusado SantiagoPérez.
Y pese a que el Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras, el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias ha incidido en que ese acuerdo está condicionado a la obtención del suelo, un paso previo que el Consistorio lagunero no ha acabado.
Por lo tanto, el decreto convalidado hoy en sede parlamentaria es en su opinión otra muestra de “propaganda”, ya que trata de engañar a los vecinos y prometerles una rápida solución al problema cuando todavía no han ultimado siquiera el expediente de expropiación de los terrenos.