El concejal y portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, señaló este martes en rueda de prensa que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y sus asesores han manipulado descaradamente el valor de un dictamen del Consejo de Estado, organismo que no forma parte del poder judicial ni del poder legislativo.
Pérez explicó que “han manipulado su contenido, ocultando que el Consejo de Estado dictamina -compartiendo la legislación de la generalidad de los países democráticos- que el aforamiento de los cargos parlamentarios o gubernativos solo tiene razón de ser en relación con los actos realizados en el ejercicio del cargo por el que están aforados”, explicó el concejal, al tiempo que especificó que “en el caso Grúas se investiga a Clavijo por sus actuaciones como alcalde de La Laguna y no como presidente del Gobierno”, se afirma en una nota de prensa.
Santiago Pérez lamenta que Clavijo “siga repitiendo como un loro una de las cantaletas típicas de los gobernantes denunciados por delitos de corrupción: todo esto es una persecución política”.
Asimismo, agregó que el presidente del Gobierno actúa como “si la denuncia acabara de ser presentada; como si la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no hubiera dictado dos contundentes resoluciones declarando que en las actuaciones de Clavijo y sus tenientes de alcalde existen indicios de haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias”.
Del mismo modo, añadió que el presidente del Gobierno habla del caso Grúas como “si la Fiscalía no hubiera presentado un informe al juzgado de Instrucción confirmando que en las actuaciones de Clavijo hay indicios de delito y proponiendo que sea investigado, o como si la jueza de Instrucción no hubiera elevado una memoria razonada al TSJC declarando que Fernando Clavijo es indiciariamente autor de delitos que deben ser investigados”.
Pérez recordó también que hay dos tenientes de alcalde imputados “no solo por su actuación, a las órdenes de Clavijo, en la concesión de un préstamo ilegal, sino por algo aún mucho más grave: la prórroga concedida a la empresa de los amigos de Clavijo de la concesión del servicio municipal de grúas, que el Ayuntamiento estaba obligado a rescatar por los graves incumplimientos de la empresa concesionaria de sus obligaciones y porque estaba en situación de quiebra e incapacitada para continuar gestionando el servicio”.
El concejal de XTF-NC añadió que Clavijo pretende “convertir los informes reales en fantasmales y un informe fantasmal en real, en lo único real”. Para conseguirlo, dice Pérez, “quiere negar la realidad de los dos informes presentados por la Fiscalía del TSJC y convertir en la única realidad un informe fantasmal que no existe: porque los únicos informes que existen en la realidad judicial son los que aportan al proceso los órganos competentes”, apuntó el concejal y denunciante del caso Grúas.
Así, Clavijo “está cuestionando abiertamente el cumplimiento de la legalidad por parte de la Fiscalía, y está utilizando descaradamente todos los medios de influencia en manos del Gobierno para atacar a la Fiscalía y presionar a los tribunales”.
Santiago Pérez considera que el objeto de “esta desesperada estrategia de Clavijo es ponerse la venda antes de la herida, intentando desacreditar de antemano todas las decisiones judiciales contrarias a sus intereses y presentándolas como el resultado de una conspiración de partidos de la oposición, como si los jueces y fiscales estuvieran participando en esa conspiración”.
Clavijo “ha pasado de la prepotencia y la ilegalidad en su actuación como alcalde al pánico a la hora de rendir cuentas ante la Justicia. Y tiene que explicar a la opinión pública por qué desconfía de los tribunales que investigan y juzgan a todos los canarios. Solo confía en el TSJC. ¿Qué garantías se le han dado de que el TSJC va a archivar el caso grúas y quién se las ha dado?”, advierte Santiago Pérez.
Clavijo pretende que “el TSJC ejerza una jurisdicción que ya no tiene y cometa prevaricación judicial; quiere elegir el tribunal que ha de investigarlo y juzgarlo, aunque ese tribunal no tenga ya ninguna competencia para investigar ni juzgar al presidente o a los consejeros del Gobierno ni a los diputados al Parlamento de Canarias”. Y añade: “No se contenta con utilizar toda su influencia como presidente del Gobierno en los medios de comunicación privados (Cadena Ser, La Provincia, La Opinión…) que le son afines o a los que subveciona, sino que manipula los medios de titularidad pública que pagamos todos los canarios con nuestros impuestos y que tienen el deber legal de garantizar el pluralismo y la objetividad informativa”.
“Este es un asunto que concierne directa y preferentemente a La Laguna -prosigue el concejal Pérez-, al cumplimiento de la legalidad en el uso del dinero de los contribuyentes laguneros y al recto ejercicio del poder municipal que la ciudadanía lagunera ha delegado en la alcaldía y en los concejales y concejalas”. Como consecuencia, “el pleno debe reprobar los ataques de Fernando Clavijo a la independencia de la Fiscalía y toda su estrategia para desacreditar de antemano los resultados de la investigación judicial”.