La fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha solicitado a la jueza instructora del caso Reparos la apertura de una investigación judicial por un presunto delito contra la administración de justicia después de que el exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu haya declarado que se siente amenazado por el entorno del denunciante, el hoy concejal del grupo de gobierno en esa ciudad Santiago Pérez. Abreu, que declaró en calidad de investigado -el único que hasta el momento ha renunciado a su derecho a guardar silencio- defendió su gestión y la de los exalcaldes laguneros Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, también involucrados en la misma causa, por levantar más de cien reparos del interventor municipal para prorrogar contratos a empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de La Laguna.
Javier Abreu, que no figuraba en la denuncia presentada por Santiago Pérez en 2018 por el masivo levantamiento de reparos durante los últimos mandatos de Coalición Canaria al frente de esa Corporación, fue imputado por la jueza instructora, Ana Serrano-Jover, titular de Instrucción 4 de La Laguna, al descubrir que, ejerciendo como alcalde en funciones, levantó tres reparos a otros tantos contratos de servicios municipales.
Llamado a declarar en calidad de investigado, Abreu dijo este jueves ante la jueza, ante la fiscal jefa y ante las partes personadas en la causa, que ninguno de esos tres contratos formaban parte de sus competencias como concejal del grupo de gobierno y que si los firmó fue “por el bien de los vecinos” de La Laguna ya que suspender los servicios hubiera sido perjudicial para personas vulnerables. Abreu señaló a los funcionarios municipales como responsables tanto de la tramitación de los expedientes como de que no se pudieran sacar a concurso decenas de contratos que durante esos mandatos fueron venciendo y renovándose sin título jurídico alguno, incluso por encima de las prórrogas establecidas, en algunos casos por períodos de varios años.
A lo largo de su intervención, y en un tono por el que al final pidió disculpas, especialmente a la fiscal, Abreu atacó en varias ocasiones al denunciante del caso Reparos, al que acusó de reunirse frecuentemente con el interventor municipal antes de presentar su denuncia y de enviarle a personas interpuestas que le recomendaban que se “portara bien” para poder abandonar su condición de investigado.
En conversación con este periódico, Abreu se mostró dolido tanto con Santiago Pérez como con su abogada, Sandra Rodríguez, a la que también mencionó en su declaración por haberle prometido, según su versión, prepararle un escrito para defender su inocencia. Tanto Pérez como Rodríguez han desmentido las acusaciones formuladas por Abreu en sede judicial, donde no está obligado a decir la verdad por su condición de investigado.
A lo largo de su comparecencia, Abreu defendió en todo momento el levantamiento de reparos por su parte: “Lo volvería a hacer mil veces”, dijo y por parte de los exalcaldes de Coalición Canaria Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.
En un turno que le ofreció la jueza al término de la ronda de preguntas, Javier Abreu dijo lo siguiente: “Con todo el respeto y honorabilidad, nadie, nadie, nadie dio ninguna instrucción para trapichear, negociar, pactar, directa o indirectamente, con ninguna empresa. Todo lo que se hizo por el bien de los ciudadanos de La Laguna, y jamás por nadie del equipo de gobierno, que a mí me conste por lo menos, trapicheó, participó o negoció para favorecer a ninguna empresa”.
Y concluyó afirmando “ahora sí, quiero dejar claro que yo me siento amenazado, me siento amenazado por esos comentarios que se hacen en La Laguna diciendo que si vengo aquí y me porto bien. Yo vengo aquí cada vez que ustedes me citen, pero a contar la verdad, no lo que algunos quieren”.
Fue en ese momento cuando la fiscal pidió a la jueza que se deduzca testimonio de las declaraciones de Abreu “para investigar un posible delito contra la administración de justicia que pudiera haberse cometido por don Santiago Pérez”.