El único investigado en el caso Carreteras implica a otros funcionarios en la presunta malversación millonaria
El único querellado por la Fiscalía Anticorrupción en el conocido como caso Carreteras, Miguel Pintor Sepúlveda, ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife que investigue a otros tres funcionarios del Cabildo de Tenerife, sobre los que descarga responsabilidades en cinco de los seis expedientes que provocaron una presunta malversación de dos millones de euros. En un escrito presentado por su abogado el pasado 1 de marzo, al que ha tenido acceso mirametv.com, el exjefe de Servicio de Conservación de Carreteras y Paisaje solicita que se tome declaración a una decena de personas, entre técnicos, políticos y representantes de la empresa Traysesa.
El letrado de Pintor Sepúlveda, José Luis Gutiérrez, lamenta que todavía no se haya interrogado a su cliente, pese a que el caso “se está ventilando en los medios de comunicación”. El abogado reclama que, además del exjefe de servicio, presten testimonio en calidad de investigados otros tres responsables técnicos de la Consejería de Carreteras: Luis Gutiérrez Valido, Sergio Leyva Campos y Félix Sergio Rodríguez. En el escrito también se pide la declaración como testigos de la actual directora insular del área, Ofelia Manjón, de varios funcionarios del Cabildo y del Gobierno de Canarias, así como de representantes de una las empresas implicadas, Traysesa, propiedad de Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife.
La Fiscalía presentó en el verano de 2015 una querella contra Miguel Pintor Sepúlveda por delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público detectó presuntas irregularidades en seis expedientes, en los que se aprecian indicios de duplicidad de pagos, adjudicaciones de obras sin proceso de licitación y el abono de servicios no realizados. Las cuantías investigadas alcanzan los dos millones de euros.
De los seis expedientes denunciados, el letrado solo admite la vinculación del funcionario con la duplicidad de pagos a la empresa Traysesa por la vigilancia de un tramo de la TF-1 en obras. En los otros cinco casos, Gutiérrez descarga la responsabilidad en los otros técnicos a los que quiere tomar declaración en calidad de investigados.
Aunque en el escrito se aclara que “no ha existido ningún tipo de irregularidad ni de actuación delictiva por parte de ningún técnico del Cabildo Insular”, a renglón seguido “se interesa identificar a los facultativos que ostentaron la dirección técnica en cada uno de los expedientes objeto de investigación”. A continuación, el abogado hace un repaso detallado por la responsabilidad de cada uno de los funcionarios señalados, en una estrategia encaminada a descargar la posible implicación de Pintor Sepúlveda en la toma de decisiones.
Donde no elude su responsabilidad el funcionario investigado, al menos hasta que abandonó la dirección facultativa en agosto de 2012, es en el expediente vinculado con las obras de los primeros 20 kilómetros de la TF-1 en dirección sur. En el documento presentado en el Juzgado se reconoce que se duplicaron los pagos a la empresa Traysesa por las labores de vigilancia del tramo afectado por los trabajos. Una situación que entre febrero de 2011 y junio de 2013 provocó un saldo favorable a la entidad de 414.479 euros. La interpretación que el letrado da a este expediente es completamente contradictoria a la realizada por la Fiscalía en su querella.
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