La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogió este lunes un juicio por una presunta estafa cometida por una empresa situada en un centro comercial de Arona, en Tenerife, que se dedicaba a vender las mismas propiedades subastadas a varias personas a la vez y cuyo propietario está huido de la justicia.
La acusación particular pide 4 años de cárcel y el pago de 78.000 euros al único representante de la sociedad que está en la isla pero que en realidad asegura que era un asesor legal y que fue el primero en denunciar la huida del socio en el juzgado a finales de 2017.
Por esta razón, la Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa mientras que la defensa apuesta por la libre absolución.
El caso abordado el lunes es el de un matrimonio dueño de un restaurante de comida china situado junto a la oficina de la inmobiliaria que entregó 88.000 euros, de los que fueron 78.000 en efectivo porque así se lo exigieron y el resto en dos transferencias de 5.000 euros cada una.
El único acusado dijo que desconocía los entresijos de la empresa aunque lo convencieron para adquirir el 40% de las acciones, y que “jamás” firmó ningún contrato de compraventa, sino que se limitaba a ejercer de asesor en cuestiones legales.
Al año siguiente el propietario desapareció y se refugió, al parecer, en Brasil, dejando a la sociedad sin dinero ni siquiera en las tarjetas de crédito.
El ahora acusado tuvo que enfrentarse en solitario a las reclamaciones de medio centenar de personas que defendían ser propietarios de un mismo apartamento, para lo que habían adelantado diferentes cantidades de dinero.
En el caso de este matrimonio les habían prometido que iba a ser dueño de un ático que tenía un valor de 230.000 euros por 145.000 y para ello habían entregado ya más de la mitad.
Tras la huida del dueño, el ahora procesado declaró que estuvo un año de baja sin poder ejercer su profesión y con tratamiento psicológico.
En la vista oral intervinieron los compradores quienes dijeron que conocieron al propietario de la sociedad y al asesor cuando comían en su restaurante y que allí se les ofreció la venta del ático a ese precio ventajoso porque había sido subastado.
Incidieron en que el propietario, ahora en paradero desconocido, era quien les exigía que ciertos pagos se hicieran en metálico y se los entregaban o bien a él o a una empleada.
La administrativa declaró que sólo el propietario de la sociedad era quien exigía el dinero en efectivo, quien lo cobraba y luego le hacían una factura, que en julio de 2017 desapareció, “por lo que se quedó sin trabajo” y señala que vio pocas veces al acusado en las oficinas.
En el turno de última palabra el acusado dijo que también había sido estafado y engañado y que una vez que huyó el socio hizo lo que pudo para intentar encontrar una solución y salida a la gente se había sentido estafada.