La gestión del Ayuntamiento de Garachico entre los años 2005 y 2014 se encuentra en el punto de mira de la Justicia. A raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a la que ha tenido acceso mirametv.com, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos investiga al exalcalde Ramón Miranda por presunta prevaricación continuada, al detectar indicios delictivos en diversas contrataciones a dedo del exdirigente de Coalición Canaria (CC).
Aunque Ramón Miranda es el único imputado en la causa, la denuncia del fiscal también pide que se investiguen contrataciones relacionadas con el actual alcalde de Garachico, Heriberto González (CC). Las diligencias previas comenzaron a finales de 2015, pero hasta el momento el juzgado se ha limitado a estudiar la ingente documentación que ha remitido el Ayuntamiento tinerfeño. Está previsto que en las próximas semanas se notifiquen las citaciones de los primeros testigos que prestarán declaración en el procedimiento.
No es el primer encuentro con la Justicia de Ramón Miranda, que fue condenado en junio de 2016 por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. El exalcalde de Garachico, que ocupó el cargo de director general de Deportes del Gobierno de Canarias entre 2012 y 2015, se declaró culpable para rebajar las penas a un año de cárcel y tres de inhabilitación especial.
Hace unos días, en un acto donde se prohibió el acceso a los medios de comunicación, anunció la fundación de un nuevo partido municipal, A'Gara, con el que no descarta presentarse a los comicios de 2019.
La Fiscalía aprecia la existencia de “indicios racionales de criminalidad” en las actuaciones de Ramón Miranda investigadas. La acusación pública considera que el exalcalde llevó a cabo “numerosos contratos de trabajo en virtud de los cuales se procedía a la incorporación de personal laboral, inicialmente eventual, con plena ausencia de los procedimientos legales previstos al efecto”. La denuncia, firmada por el fiscal Jaime Serrano Jover, tilda de “evidente y flagrante” la vulneración del principio de publicidad que debe presidir los procesos de selección de personal al servicio de la administración pública.
Convenios
ConveniosEl escrito señala nueve contratos realizados en 2005 donde aprecia indicios delictivos. El representante de la Fiscalía también dirige el punto de mira a diversos expedientes de 2006 y 2007 relacionados con convenios firmados por el Ayuntamiento de Garachico y el Ministerio de Fomento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para subvencionar los costes salariales derivados de la contratación de trabajadores desempleados.
El fiscal pone como ejemplo el convenio entre el Consistorio y el Servicio Canario de Empleo. Según la denuncia, el Gobierno de Canarias enviaba una preselección de candidatos al Ayuntamiento, “sin que tampoco existiera un procedimiento de selección”, que procedía a descartar a algunos de los elegidos bajo el pretexto de “no le interesa a la empresa por otros motivos”, sin que exista un expediente administrativo donde se plasmen las motivaciones para excluir a los candidatos. Esta forma de actuar, a criterio de la acusación pública, permitía a la Corporación local “hacer un uso caprichoso y arbitrario de la selección de personal”.
La denuncia concluye que Ramón Miranda llevó a cabo los contratos investigados “desviándose, conscientemente, de los principios que deben regir el correcto ejercicio de la función pública”. Pero el fiscal, que solo pide la imputación del exalcalde, también dirige su mira hacia diversos expedientes vinculados con su sucesor, Heriberto González.
A pesar de que las diligencias de investigación de la Fiscalía se abrieron en marzo de 2015, la denuncia expone que en noviembre el Ayuntamiento todavía no había remitido toda la documentación requerida por el Ministerio Público. La falta de respuesta del Consistorio, que solo envió los expedientes al juzgado tras el escrito del fiscal, llevó a Jaime Serrano a plantear la investigación de las contrataciones pendientes durante el desarrollo de la instrucción.
La Fiscalía pide que se revisen los expedientes de contratación de personal entre los años 2008 y 2014, lo que ha provocado el traslado de una ingente documentación desde el Ayuntamiento de Garachico al Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos. Pese a lo genérico de la solicitud, el representante del Ministerio Público pone el dedo directamente sobre seis contratos de la etapa del actual alcalde; entre los que figuran el de una asesora jurídica, una responsable de prensa o un fotógrafo.
En los expedientes bajo sospecha apuntados por la Fiscalía también se encuentra la contratación de los servicios profesionales de informática el 24 de marzo de 2014, pese a que los trabajos se llevaron a cabo desde el primer día del mes “en ausencia de contrato que diera cobertura legal a la actuación de la Corporación local”. Una forma de proceder que se repite, según la denuncia, en el caso de una empresa de comunicaciones que fue requerida para trabajos de publicidad.
Algo similar, pero en sentido contrario, ocurrió con un profesor contratado para impartir clases de bailes latinos. Pese a que el contrato expiró el 14 de marzo de 2014, los pagos se mantuvieron hasta el 30 de abril, “circunstancia que generaría un perjuicio al erario público al haberse satisfecho una prestación que no se ha realizado”, argumenta el fiscal. Otro de los expedientes investigados está relacionado con un gasto vinculado a fuegos artificiales.