La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha rechazado mediante un auto dejar en libertad al vecino de Los Realejos imputado por ser el presunto responsable del incendio que se inició en este municipio el 14 de julio de este año, entre las 7:30 y las 13:00 horas en el Barranco de Los Dornajos en el barrio de Icod Alto.
Su abogado indica que en estos momentos está a la espera de que se lleven a cabo diversas pruebas periciales y a continuación volverá a pedir la libertad y el archivo de las actuaciones.
El problema al que se enfrenta, apunta, es la saturación de trabajo de los juzgados de La Orotava donde se tramita la causa pero como “dato positivo” resalta el letrado que el Ayuntamiento de Los Realejos ha renunciado seguir ejerciendo como acusación particular.
En la extinción del fuego intervino la Brigada Forestal, bomberos profesionales y voluntarios, medios aéreos, policía local de Los Realejos, nacional y ambulancias y según el informe elaborado por el Cabildo el fuego se vio propiciado por las altas temperaturas y cuando el Gobierno canario había decretado alerta máxima.
La superficie quemada alcanzó cerca de tres hectáreas, se acordó el desalojo de cuadras y establos que resultaron calcinados y se vieron afectadas 26 viviendas, dos depósitos municipales de agua de abasto, un centro hípico y una granja porcina.
Las investigaciones, según el juzgado, “arrojaron indicios suficientes” para concluir en que el incendio fue intencionado y que se inició en un punto concreto, a lo que se unen las declaraciones de una vecina quien aseguró que vio al imputado por los alrededores pese a no tener terrenos ni trabajar en las fincas.
La mujer identificó al procesado, describió su ropa y aseguró que poco después comenzó el fuego tal y como llegó a grabar en vídeo en un punto que estaría a apenas 15 metros del origen del incendio.
A partir de ese momento se ordenó la entrada y registro en su domicilio donde se hallaron 25 mecheros, 21 velas sin usar, 4 utilizadas, 113 trozos de papel higiénico, tres botes de alcohol, diez cuchillos, un guante, dos revistas de papel y un móvil.
El detenido no pudo explicar la razón por las que estos objetos estaban en su poder, dijo que no es fumador y que las velas las utilizaba cuando no había luz, lo que según admitió no era habitual.
El hombre trabajó durante diez años para la empresa pública Tragsa por lo que recibió formación sobre extinción de incendios, y en cuanto al informe psíquico se apunta que además de la discapacidad del 68%, no presentaba enfermedades o trastornos mayores que limiten su capacidad para actuar.
Las penas que se le podrían imponer oscilan entre los tres y los seis años de prisión, lo que también vendría a justificar la necesidad de continuar con la prisión preventiva.
Su letrado indica que mantendrá la inocencia y una vez que sea dejado en libertad y libre de cargos, la familia está interesada en “depurar responsabilidades” por los comentarios vertidos en redes sociales “con insultos y mentiras”.
La defensa alega que su discapacidad pone en duda su imputabilidad, que recibe una pensión de 700 euros y por lo tanto carece de medios económicos suficientes para sustraerse de la acción de la justicia y que pese a vivir solo cuenta con el apoyo de familiares y vecinos.
Una de las razones que llevaron a las autoridades judiciales a adoptar la prisión provisional fue que en 2007 había sido condenado por un hecho de la misma naturaleza pero acto seguido se reitera que no existe ninguna otra condena o causa pendiente.
En cuanto a la afirmación de que el investigado pudo estar relacionado con otros percances de este tipo que tuvieron lugar a lo largo de estos años en los alrededores de su vivienda, no hay indicio alguno que sustente su implicación.
Tanto el Cabildo como el Ministerio Fiscal se opusieron a que quedara en libertad y así lo respaldó también el Juzgado de La Orotava, al darse los requisitos exigidos en la legislación.