La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que preside el magistrado Francisco Javier Mulero, suspendió este lunes el juicio por la construcción del edificio La Ninfa, en Ifara, hasta resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas.
En el banquillo se sientan los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, así como los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín. La acusación particular pide para todos ellos cuatro años de cárcel por fraude procesal. También se encuentra encartada la presidenta de la comunidad de vecinos, María Ángeles Carrillo, para quien la abogada denunciante, Rosa Sanz, solicita tres años de prisión. La Fiscalía pide la absolución de los cinco acusados.
El juicio por la construcción del edificio La Ninfa, en la capital tinerfeña, supone el regreso a los banquillos de tres de los condenados por la vista de Las Teresitas: Manuel Parejo, Víctor Reyes y José Tomás Martín. Se da la circunstancia de que tanto el exconcejal de Urbanismo como Norberto Plasencia tenían que haber entrado en la cárcel la semana pasada en cumplimiento de la sentencia del mamotreto, pero consiguieron un aplazamiento hasta el próximo viernes para acudir a un juicio que, tras la decisión del tribunal, ha quedado suspendido hasta que los magistrados de la Audiencia Provincial resuelvan las cuestiones previas.
El caso La Ninfa es un procedimiento plagado de contratiempos, con parte de los delitos prescritos y el resto ya descartados por la Fiscalía. Si hay juicio es porque una de las vecinas afectadas, Isabel Concepción, ha mantenido viva la causa como acusación particular y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife apreció indicios criminales suficientes para abrir la vista oral.
Los hechos están relacionados con la construcción del edificio La Ninfa, cuya licencia fue anulada por la Justicia, en el ámbito Contencioso-Administrativo, al invadir los 10 metros de retranqueo con respecto a una parcela colindante e incumplir el planeamiento vigente. El fallo judicial obligaba a derribar la parte ilegal del inmueble, lo que nunca se produjo como consecuencia de una serie de decisiones que se tomaron en la Gerencia de Urbanismo y que la acusación particular considera delictivas.
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