El Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST) es una asociación de empresarios que organiza con asiduidad almuerzos en los que se invita a destacadas personalidades, principalmente del mundo de la política. Son actos donde lo público y lo privado se dan la mano. Por allí han pasado, entre otros, Fernando Clavijo, Carlos Alonso, Pedro Martín o Gustavo Matos. En marzo de 2014, el protagonista del coloquio no tenía un cartel tan conocido, pero su cargo entonces era más importante de lo que pudiera parecer. Era Rafael Castellano, gerente de Gesplan, la empresa pública que en aquel momento redactaba a contrarreloj los esperados planes de modernización de las zonas turísticas de Canarias.
Rafael Castellano fue presentado en el acto por el líder del FAST, José Fernando Cabrera, el anterior presidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña. Un destacado empresario que sigue vinculado al mundo inmobiliario y cuyo hijo administra un conocido local de ocio ubicado a orillas de la playa de Troya, el Monkey Beach Club. El establecimiento se encuentra en Adeje, un municipio que controla desde hace más de 30 años un mismo alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), que también estaba presente en el almuerzo de los amigos del sur. Sentado en la mesa principal.
El gerente de Gesplan acudió al evento para hablar de los planes de modernización. Y lo hizo durante más de una hora; tiempo suficiente para exponer al detalle todas las bondades de los PMM y alentar la tan necesaria renovación turística de las zonas degradadas de la costa canaria. Castellano apeló a la colaboración con el sector privado: “Ya tenemos más de 200 actuaciones concertadas con empresarios, y queremos duplicar esa cifra”. El público despidió su discurso con una ovación. El vídeo está subido en Youtube.
Durante el coloquio se habló de los “incentivos que permiten sacar esto con más fluidez”, pero no se entró en detalles. En el PMM de Costa Adeje, que redactó la empresa pública que dirige Castellano y aprobó Política Territorial un año después del almuerzo del FAST, se otorgaban plusvalías urbanísticas sin justificar a varias actuaciones privadas previstas en el municipio del sur de Tenerife. Uno de los casos más destacados es el del Monkey Beach Club, a quien el plan de modernización regalaba dos plantas extra y multiplicaba casi por nueve la superficie edificable.
El Monkey Beach Club es un local que ocupa las servidumbres de protección y de tránsito del dominio público marítimo terrestre desde 1977. En el Plan General de Ordenación (PGO) de Adeje se le concede una superficie de construcción de 163 metros cuadrados. El lápiz de Gesplan decidió que el negocio de los Cabrera merecía una edificabilidad mayor, así que aumentó un 780% esa cifra, hasta permitir 1.433 metros cuadrados. Y dos plantas más de altura.
La decisión de Gesplan es aún más conflictiva porque se estrella de lleno contra la Ley de Costas. La normativa estatal prohíbe de forma clara que se puedan autorizar obras de ampliación en establecimientos que ya existían antes de la entrada en vigor de la norma y que ocupan las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, tanto de tránsito como de protección. Un aspecto que los responsables del PMM conocían, pero que no fue obstáculo para que saliera adelante en el documento. Ese fue el eje del pelotazo, porque a ese plan se agarró el Gobierno de Canarias para autorizar las obras. Y el Ayuntamiento de Adeje, cuyo alcalde se sentó en la misma mesa que Castellano y el padre del dueño del Monkey Beach en el almuerzo del FAST.
La ampliación de la sala de fiestas de la playa de Troya fue denunciada por la Fiscalía tras apreciar indicios de presuntos delitos urbanísticos. Un total de 13 personas han sido imputadas. En la lista de investigados figuran desde el propio Rodríguez Fraga hasta el anterior viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero (Coalición Canaria), un hombre cuya carrera siempre se ha desarrollado cerca de Rafael Castellano. También los responsables de la Demarcación Provincial de Costas y técnicos de todas las administraciones implicadas. Pero en el procedimiento judicial no hay ni rastro de Gesplan, al menos de momento.
El pasado mes de agosto, un perito judicial elaboró un informe que ya obra en poder de la jueza y que pone de manifiesto todos los incumplimientos del Monkey Beach Club. El autor del dictamen es tajante a la hora de asegurar que la ampliación del edificio ni se podía haber autorizado ni cabe su legalización. En su repaso de los distintos expedientes del pelotazo, el arquitecto nombra en varias ocasiones el destacado papel de Gesplan y pone el foco en el aumento de superficie edificable que generó el PMM en contra de lo permitido por la Ley de Costas.
Irregularidades en la tramitación
En la tramitación del PMM se han identificado numerosas irregularidades. Con el texto redactado, y con la soga del final de la legislatura al cuello, Política Territorial solicitó a Costas el 12 de febrero de 2015 un informe sobre el nuevo documento. No es un trámite de andar por casa, ya que la necesidad de que el órgano estatal dé el visto bueno al plan es preceptiva y vinculante. En los siguiente meses no se emitió el esperado dictamen, pero en los expedientes se recoge que se llevaron a cabo reuniones informales entre ambas administraciones.
Fruto de ese intercambio de pareceres, el 15 de mayo de 2015, Política Territorial envió un escrito a Gesplan donde solicitaba la necesidad de introducir correcciones en el PMM. La empresa pública respondió tres días después para asegurar que ya estaba todo en orden, tras haber incluido, supuestamente, los cambios requeridos. El día 20, el nuevo documento salió rumbo a la Demarcación Provincial de Costas.
Sin tiempo para la respuesta del órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Gesplan remitió al Gobierno de Canarias el 21 de mayo el documento definitivo del PMM de Costa Adeje para su aprobación. El documento fue acompañado de dos informes, uno técnico y otro jurídico. En el escrito firmado por una arquitecta de la empresa pública se concluyó que las correcciones solicitadas por Costas habían sido subsanadas, a pesar de que el documento aún contemplaba actuaciones claramente contrarias a la normativa estatal. Como la ampliación del Monkey Beach Club.
La flexibilidad del informe técnico contrasta con la posición del dictamen jurídico realizado por una abogada de Gesplan. La letrada advirtió de la necesidad de incorporar al PMM las limitaciones que recoge la Ley de Costas en su artículo 25, que regula las actuaciones prohibidas en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. También alertó de la obligación de que el órgano estatal diese el visto bueno al plan antes de su aprobación definitiva. Lo que nunca ocurrió.
Al día siguiente, y dos días antes de las elecciones autonómicas de 2015, la Consejería de Obras Públicas aprobó el PMM de Costa Adeje con el pelotazo del Monkey Beach Club incluido. Pero con un matiz clave. A raíz de la advertencia de la jurista de Gesplan, Política Territorial añadió antes del sonido de la campana una disposición adicional única que venía a poner por escrito la necesidad de cumplir con las limitaciones de la Ley de Costas. Un pequeño párrafo que lo cambiaba todo, aunque nadie lo tuvo en cuenta.
Ya con el PMM aprobado, entraron en el Gobierno de Canarias dos nuevos escritos redactados por Costas que advertían de la incompatibilidad de realizar obras de ampliación en las zonas de servidumbre o la imposibilidad de construir pantallas arquitectónicas. También recordaban que para aprobar el plan era necesario contar con el informe definitivo y vinculante del departamento estatal.
Entonces se produce un hito para el que el perito judicial no encuentra una explicación razonable. El 10 de julio de 2015, el jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico Oriental de la Viceconsejería de Política Territorial emitió un informe para asegurar que el PMM de Costa Adeje contenía “la totalidad de las determinaciones del informe sectorial de Costas”, lo que no se corresponde con la realidad y abre varias dudas sobre la actuación del técnico.
Preguntas que también se realiza el perito judicial en su dictamen, donde cuestiona “cómo es posible que el PMM tuviera en cuenta el informe sectorial de Costas” cuando el documento “tuvo registro de entrada en la Consejería de Obras Públicas el 6 de junio de 2015”, es decir, después de la aprobación definitiva del plan de modernización.
A pesar de que no existía el informe vinculante de Costas y de que el PMM conservó en la ordenación pormenorizada actuaciones contrarias a la legislación nacional, el técnico de Política Territorial certificó con su informe que el plan cumplía con la normativa para poder ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), lo que tuvo lugar el 23 de julio de 2015.
Con el PMM aprobado y publicado en el BOC, la Demarcación Provincial de Costas, en lugar de iniciar un proceso de nulidad contra el plan de modernización, volvió a remitir a Política Territorial, el 30 de noviembre de 2015, las dos informes de trabajo que ya habían entrado en el Gobierno de Canarias en el mes de junio.
El perito judicial plantea sus dudas sobre si Costas tendría que haber iniciado un procedimiento para anular el PMM, pero se muestra contundente a la hora de responsabilizar a Gesplan de contribuir a la aprobación de una plan de modernización que incumplía la Ley de Costas.
Al haberse aprobado sin el informe preceptivo y vinculante de Costas, el PMM de Costa Adeje estaba condenado a su anulación desde que fuera recurrido. Y así ocurrió de manera definitiva en 2019, cuando el Tribunal Supremo tumbó el documento, curiosamente, por otros defectos formales. El plan de modernización estrella del sur de Tenerife cayó sin necesidad de que un juez entrara en su fondo y sin que nadie reparase en las numerosas plusvalías que concedía a inversores privados sin una justificación razonable.
Licencias
El PMM fue la llave que utilizaron tanto el la Viceconsejería de Política Territorial como el Ayuntamiento de Adeje para abrir la puerta de las autorizaciones y licencias que permitieron las obras de ampliación del Monkey Beach Club. De nuevo, Costas juega un papel decisivo en la concesión de los permisos, ya que también tiene que emitir un informe preceptivo y vinculante para el Gobierno de Canarias.
El informe llegó a través de un documento emitido el 16 de diciembre de 2016 por el Jefe de Servicio Provincial de Costas, Juan Antonio Troya, que se limitó a describir de forma vaga los aspectos legales. En opinión del perito judicial, el técnico del órgano estatal tenía que “haber advertido de la imposibilidad de poder autorizar proyectos de ampliación de preexistencias edificatorias que están afectadas por la servidumbre de tránsito (...) o que dicha actuación provocaría una pantalla arquitectónica”. No lo hizo, lo que ha llevado a Troya a formar parte de la lista de imputados en la causa.
Cuatro días después del informe de Costas, un técnico del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental emitió un informe donde “viene a hacer suya, como propia, la descripción que hace de la edificación objeto de la licencia el arquitecto” de la empresa promotora en el proyecto de ampliación. Un profesional que, tanto en la comunicación previa como en el proyecto, se había atrevido a asegurar que con las obras “no se aumenta la superficie construida ni el aforo actual”.
Los promotores del Monkey Beach Club no tocaron con su proyecto la servidumbre de tránsito, por lo que no materializaron toda la edificabilidad que les permitía el PMM. Aun así, construyeron un edificio que pasó de tener menos de 200 metros cuadrados a casi 800. Y dos plantas más de altura, lo que ha provocado una pantalla arquitectónica que impide contemplar la playa desde distintos puntos del paseo marítimo de Las Américas.
El informe del técnico de Política Territorial está lleno de afirmaciones irreales, en opinión del perito judicial, que también recuerda que se basó en otro escrito de un funcionario del Ayuntamiento de Adeje, investigado en la causa, que manifestó que el Monkey Beach Club era compatible con los usos permitidos, en contra de la Ley de Costas.
Con estos informes viciados, en criterio del perito judicial, el entonces viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, concedió en enero de 2017 la autorización para la ampliación del Monkey Beach Club. El permiso del Gobierno de Canarias llevaba el trámite administrativo al último escalón, donde se encuentra la competencia del Ayuntamiento de Adeje.
En total, dos técnicos del Ayuntamiento de Adeje emitieron cuatro informes antes de que la Junta de Gobierno Local decidiera la concesión de la licencia de obras. Todos coincidieron en la viabilidad de la ampliación del Monkey bajo el paraguas del PMM. Ninguno comprobó la incompatibilidad de la actuación con la Ley de Costas. Ambos funcionarios y los miembros del Consistorio que dieron el visto bueno al permiso están imputados.
Gesplan, Política Territorial, Costas, el Ayuntamiento de Adeje, los PMM… La investigación penal del Monkey Beach es un botón de muestra de una forma de entender el urbanismo que antepone el interés particular al general y que camufla actuaciones ilegales bajo la propaganda de la renovación turística. Discursos que son aplaudidos por los empresarios en almuerzos donde lo público y lo privado comparten mesa.