El empresario Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción tinerfeña, se ha reconocido culpable de la comisión de delitos ecológicos por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar durante cerca de veinte años. A su iniciativa se han sumado dos de los otros tres acusados en la causa, los areneros Pedro Sicilia y José Enrique Morales.
En la propuesta presentada por su abogado durante la primera sesión de la vista, que juzga la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Plasencia asume una pena de un año y tres meses de cárcel frente a los cinco años que le pide la Fiscalía. El empresario también está dispuesto a aportar un patrimonio inmobiliario valorado en 52 millones de euros, con lo que pretende salvar la responsabilidad económica a la que se enfrenta para la rehabilitación del territorio dañado, por la que el juez de instrucción fijó, en su caso, una fianza de más de 60 millones.
La noticia saltó esta mañana en el Palacio de Justicia, pero la negociación se inició a principios de semana, cuando el abogado de Plasencia, Esteban Sola, hizo llegar el acuerdo al fiscal del caso, Jaime Serrano-Jover. La negociación que ahora comienza se tendrá que resolver antes del próximo 28 de enero, cuando se reanudará la vista que se suspendió hoy. De aceptarse sus condiciones, el influyente empresario tinerfeño lograría evitar su entrada en prisión, al ser condenado a una pena menor de dos años de cárcel. No hay que olvidar, en cualquier caso, que este año tendrá lugar otro juicio por el que también está acusado el constructor, el conocido caso Las Teresitas, por el que el Ministerio Público le pide cuatro años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los otros dos acusados que han aceptado sumarse a la propuesta, los empresarios Pedro Sicilia y José Enrique Morales, se verían beneficiados en mayor medida, ya que hasta el momento no se ha localizado patrimonio alguno contra ellos, después de que anunciaran su insolvencia ante la petición de fianza del juez instructor, y también evitarían su entrada en la cárcel, ya que para cada uno de ellos el Ministerio Público también reclama cinco años de prisión. El único que hasta el momento se ha mantenido al margen es Francisco Javier del Rosario, que en la escasa media hora que duró la vista de hoy alegó su inocencia en base a que en el momento de los hechos investigados no era administrador de la empresa que realizó las extracciones, sino apoderado.
El acuerdo tiene que ser trasladado también a todas las administraciones implicadas, que serán las encargadas de elaborar la propuesta de rehabilitación de los barrancos y fijar el coste de los trabajos, pese a que ya existe un dictamen pericial que encargó la Fiscalía durante la instrucción y que fija las posibles indemnizaciones en 279 millones euros, a los que habría que sumar los 209 millones que reclama como perjudicado el Ayuntamiento de Güímar. Junto al Consistorio tinerfeño, también tendrán que pronunciarse el Consejo Insular de Aguas, que también pide una compensación como afectado, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Ahora falta saber también si la acusación popular, que representa el abogado Carlos Álvarez, se suma al acuerdo, que ya ha aceptado la Fiscalía, o decide seguir para adelante con un juicio que está previsto se prolongue durante cuatro meses.
Extracciones
La extracción de áridos en los barrancos de Güímar, una actividad que ha destrozado gran parte del paisaje de la zona, se prolongó desde la década de los 90 hasta, al menos, el año 2007. El lugar afectado tiene un alto potencial agrícola, lo que no fue obstáculo para que las canteras apuraran de tal manera la superficie de sus parcelas que no respetaron los retranqueos mínimos exigidos en el desarrollo seguro de la actividad con respecto a los propietarios de los predios colindantes, como concluyó la fiscal en su escrito de acusación.
Todo valía con tal de conseguir la mayor productividad posible. El método empleado, como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, era “desordenado, sin control y a base de excavar enormes hoyos”, lo que hacía “difícil” practicar la actividad agrícola en la zona. Los areneros provocaron cortes verticales que alcanzaron profundidades que sobrepasaban “con mucho lo permitido, con el consecuente efecto de inseguridad, generación de polvo e impacto visual”.
El Ministerio Público considera probado que las actuaciones llevadas a cabo en el Valle de Güímar “han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno”. Entre los efectos más significativos, la fiscal destaca que, por culpa de una actuación “caótica y desmedida”, está afectado el funcionamiento natural del sistema hidráulico y de drenaje de los barrancos.
A los daños naturales se unen los efectos causados en la seguridad de la zona, ya que la gran verticalidad de los taludes provoca una “inestabilidad del terreno”, lo que ya ha producido “desplomes y derrumbes de gran importancia”. Esta situación se agrava debido a las lluvias, que pueden transportar “toneladas de escombros” que se depositan en el fondo de los huecos generados. La situación es tal que en los últimos años ha sido preciso “acometer obras de emergencia para la estabilización estructural de un tramo del cauce del barranco de Badajoz”.
Inicialmente eran cinco los acusados, pero uno de ellos falleció, Fulgencio Díaz, por lo que se extingue su responsabilidad penal pero no las posibles consecuencias civiles, que recaen ahora sobre sus herederos. Los cuatro empresarios restantes tendrán que volver a sentarse en el banquillo, al menos, el próximo 28 de enero, fecha en la que se reanudará el juicio y se dará a conocer si finalmente se firma el acuerdo propuesto por Antonio Plasencia o se continúa con la vista.