El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos emitió el pasado 5 de diciembre el auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de Buenavista del Norte y actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (PSOE), y el funcionario que entonces ejercía en esa Corporación local como secretario e interventor, justo cuando se adjudicó en 2006 el proyecto de la residencia de discapacitados a una empresa vinculada al exedil socialista de Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende, de profesión arquitecto.
En el auto, la jueza recuerda, según ha recogido el periódico El Día, que la acusación popular, en manos de Sí Se Puede (SSP), solicita para Abreu una condena por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El Ministerio Fiscal también ha solicitado la apertura de juicio oral contra el consejero insular de Cooperación Municipal por un posible delito de prevaricación administrativa, para el que pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público.
La Fiscalía considera que el funcionario pudo cometer un delito de prevaricación administrativa “por omisión”. Aurelio Abreu y el citado funcionario se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Este procedimiento judicial se inició en el año 2012 con una denuncia del exalcalde de Buenavista del Norte Antonio González Fortes, de Sí Se Puede (SSP). Ya acumula casi cuatro años de instrucción.
Reacción de la oposición en el Cabildo
Sobre esta causa judicial, el consejero insular del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife Julio Concepción ha asegurado este viernes que su grupo pedirá a la Corporación insular que explique cómo procederá esta institución pública, acogiéndose a su Código de Buen Gobierno, en el caso de la apertura de juicio oral del vicepresidente primero del Cabildo, Aurelio Abreu, que se sentará en el banquillo por su posible implicación en un presunto delito de prevaricación administrativa durante su etapa como alcalde de Buenavista del Norte.
Tras conocerse la llamada a juicio del vicepresidente de la Corporación insular, Concepción ha recordado una declaración realizada en el pleno por Aurelio Abreu, esta en septiembre del año 2016, en la que “el vicepresidente del Cabildo aseguró que, cuando llegase el día que tuviera la mínima sospecha sobre su responsabilidad política en dicha actuación, la asumiría con total seguridad, ya que como persona de principios asumiría sus obligaciones al respecto”, rememora el consejero de la formación morada.
En relación con esto, Julio Concepción dijo que, ahora que ya existe “una petición judicial para que el señor Abreu declare por presunta corrupción política, es el momento de preguntar a Carlos Alonso, como máximo responsable de la Corporación insular, qué actuaciones se van a adoptar acogiéndose al Código de Buen Gobierno del Cabildo, derivadas de este nuevo contexto en el que la Justicia ha dado un paso más ante la acusación de corrupción a la que se enfrenta el vicepresidente primero”.
El representante del grupo Podemos ha destacado que “el tiempo nos va dando la razón; desde el minuto uno hemos pedido que no se sienten imputados por corrupción en los sillones de la Corporación, al quebrase el mandato de confianza depositada entre la ciudadanía y sus representantes públicos”. “No podemos aprovecharnos de la lentitud de la Justicia para dar el visto bueno a esta mala praxis, que dinamita la confianza de la gente en las instituciones públicas y en la ejemplaridad que esperan”, recalca Concepción.
La actitud del PSOE y la réplica de Aurelio Abreu
La Comisión Federal del PSOE debe decidir ahora si permite al vicepresidente del Cabildo seguir en el cargo o si tiene que dimitir en aplicación del Código Ético del PSOE.
Acerca de este proceso, el vicepresidente del Cabildo aseguró a La Opinión que, pese a declararse la apertura de juicio, aún “no se ha resuelto el recurso de apelación” que presentó ante la Audiencia Provincial, por lo que dijo que “no se puede celebrar el juicio hasta que no haya una resolución”.
El exalcalde socialista de Buenavista ha solicitado a la Audiencia el archivo del caso, pues está “convencido” de que su actuación en 2006 y 2007 “fue ajustada a derecho”.
También según recoge La Opinión, la secretaria de Organización del PSOE en Tenerife, Josefa Mesa (consejera insular en el Cabildo), valoró que estos hechos se limitan a un asunto de “documentación administrativa”, si bien también la consejera insular apuntó que desconoce “los detalles” de la causa. Es a la Comisión Federal a la que corresponde pronunciarse acerca del futuro político de Aurelio Abreu.