Mientras Fernando Clavijo ve cumplido su deseo de aforarse frente al caso Grúas (y colateralmente frente al caso Reparos), el denunciante de ambos asuntos, el concejal lagunero Santiago Pérez, sigue ganando pequeñas batallas. Este lunes se ha sabido que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le ha dado la razón en un pleito colateral que planteó contra Radio Club Tenerife (Cadena Ser) por haber publicado en su web que él y su grupo político habían votado favorablemente en 2014 al préstamo que en su día concedió Fernando Clavijo como alcalde lagunero a la empresa Autogrúas Poli para que saliera de su situación ruinosa.
Habría sido una flagrante contradicción dado que ese préstamo se encuentra en la génesis de la denuncia que Pérez interpuso en los juzgados de La Laguna, lo que contribuiría a su descalificación como denunciante. Era eso lo que en aquellos momentos -agosto de 2018- había lanzado Coalición Canaria a través de todos sus altavoces mediáticos en los momentos en los que el caso Grúas salpicaba abiertamente al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que rápidamente trasladó a su página de Facebook la noticia de la Ser para que todos sus seguidores pudieran regodearse en la filtración que había partido de su propia factoría.
Pérez reaccionó ejerciendo su derecho de rectificación, que no fue atendido por Radio Club Tenerife por considerar que el concejal se excedía al introducir juicios de valor en su escrito. Así opinó también la jueza de instancia frente a la que recurrió Pérez, jueza que no solo rechazó que la Ser tuviera que rectificar, sino que también condenó al demandante a pagar las costas.
Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidenta, Macarena González Delgado, ha resuelto que Pérez tiene derecho a que se publique su rectificación, aunque suprimiendo aquellos pasajes en los que se incluyen valoraciones o juicios de valor, como por ejemplo, llamar “ilegal” al famoso préstamo.
La Audiencia Provincial rechaza, eso sí, condenar al exalcalde de La Laguna a publicar la rectificación en su muro de Facebook, entre otras cosas porque al producirse la demanda de Pérez, borró aquella entrada.
Cada parte pagará sus propias costas, por lo que queda revocada la sentencia inicial. La sentencia es recurrible en casación ante el Supremo.