El alcalde socialista del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, y su concejal de Urbanismo, Nicolás Jorge Hernández, así como el resto del grupo de gobierno del mandato 2003-2007 -la mayoría ya fuera del ayuntamiento- se enfrentan a la apertura de juicio oral por varios delitos de prevaricación con penas de inhabilitación para cargo público de siete a diez años, según refleja un auto judicial fechado este mismo mes de febrero que imputa esos delitos a los gobernantes del ayuntamiento del sur de Tenerife y confirma un anterior auto de transformación de procedimiento abreviado decretado en 2011.
El titular de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona ha acordado la imputación del grupo de gobierno socialista de aquel mandato -González Cejas sigue siendo alcalde y Nicolás Jorge, concejal- por conceder una licencia de obras a un constructor sin que se hubieran subsanado incumplimientos advertidos en informes técnicos en materia de habitabilidad y prevención de incendios, pero sobre todo en la falta de correlación entre las superficies sobre plano de las viviendas construidas y las plazas de garages.
En otros de los casos que en su momento fueron denunciados por el grupo político Sí Se Puede, el juez instructor considera que el grupo de gobierno liderado por Jaime González Cejas también cometió prevaricación en otra urbanización de viviendas, que en un principio tenía previstas 40 casas y finalmente se edificaron 53, aunque la trapisonda urbanística estaría en no tanto en la cantidad de viviendas sino en una serie de cuartos lavaderos no previstos en los planos originales autorizados por el ayuntamiento.
Del mismo modo, el juez instructor considera que el concejal Nicolás Jorge habría cometido otro delito de prevaricación -todos ellos penados entre siete y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público- por la concesión “arbitraria e injusta” de una licencia de televisión. En su auto fechado el 3 de febrero pasado, dicta el juez José Pablo Carrera, en consonancia con el fiscal: “En la tramitación de este expediente se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido por parte del concejal responsable, D. Nicolás Jorge Hernández. El expediente brilla totalmente por su ausencia”.
En el auto judicial se refleja que la concesión de esas licencia de TDT a la empresa Handy Men con un presupuesto inicial de 89.817 euros se convirtió al final en una factura de 109.602, 15 euros sin que juez ni fiscal hayan entendido todavía a qué se debió esa diferencia, ya que “solo consta un asesoramiento sin fecha y tres facturas unidas que parece que podrían ser un remedo de procedimiento negociado sin publicidad al que se ha invitado a participar a tres empresas (por cierto, limitado en aquel momento a licitaciones de hasta 30.000 euros), aunque también podrían responder a otro tipo de procedimiento, como el de concurso (aunque es imposible saberlo)”...
La causa abierta contra el alcalde socialista del sur de Tenerife y su grupo fue archivada en un primer momento en 2011, y tras un recurso ante la Audiencia Provincial, reactivada con la consecuencia última de este auto que envía a sus encartados a juicio oral, aunque quedan por medio los recursos que presenten sus defensas.