El juicio por el caso Corredor, otra vez en 'modo pausa'
Evaristo González Reyes esquiva una vez más a la justicia, aunque sea de forma provisional y por unos meses. El que ha sido conocido como el amo de la noche en la ciudad universitaria de La Laguna, el hombre que pudo acabar con la carrera política de Fernando Clavijo o quizá quien lo salvó de un juicio, ha recusado por falta de confianza en su imparcialidad al tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que debe juzgarlo por cuatro supuestos delitos de estafa, otro de intento de estafa y otro de presentación de testigos falsos.
Estos casos de estafa son lo que quedan, en esencia, del que fue llamado caso Corredor, después de que se anulara parte de las escuchas telefónicas por desaparición del auto judicial que las autorizaba, lo que libró de sospecha al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Este lunes, el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, presidido por el magistrado Francisco Javier Mulero Flores, recibió a las nueve de la mañana un escrito de incidencia de recusación frente a los tres magistrados del tribunal, firmado por el representante legal de González Reyes en esta causa, José Santiago Martínez.
Ahora deberá ser otra sección de la Audiencia Provincial la que delibere la recusación y fundamente si el tribunal recusado es apto o no para enjuiciar al abogado y empresario González Reyes. Estaban previstos seis días de juicio, hasta el 13 de junio, pero, debido a esta maniobra, fuentes judiciales no creen que se resuelva la incidencia y haya nuevo juicio antes de final de año.
No es la primera recusación de González Reyes. Durante la instrucción de esta causa, dirigida por el magistrado César Romero Pamparacuatro cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, el acusado logró apartarlo en 2015 de la investigación judicial con el principal alegato de la tardanza en la instrucción.
El pasado 7 de mayo, los abogados de la defensa plantearon al tribunal recusado tres causas de nulidad. La principal de ellas fue que no existía auto judicial que justificase las escuchas de las que se derivaron las pruebas para sentar a González Reyes y otras ocho personas en el banquillo. Dos de ellas son abogados que trabajan en su despacho, Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado.
A Evaristo González Reyes, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión, se le acusa de haber intentado hacerse con un crédito de dos millones de euros con el aval de una finca de varias hectáreas que puso a nombre de un cliente al que solo le correspondían 75 metros cuadrados.
También de haberse hecho con un parte médico falsificado para que una agencia de viajes le reintegrara el dinero que había pagado por unos billetes, aunque fueron utilizados. Además, de haber comprado un todoterreno de alta gama cuya titularidad cambió de empresa antes de que el acreedor pudiera anotar la reserva de dominio.
Asimismo, se le acusa de haber sido autor del incendio que sufrió uno de sus locales, el BB+, en la zona de copas de San Cristóbal de La Laguna, un siniestro que pudo ser provocado y por el que la aseguradora le abonó unos 126.165,94 euros. Otro supuesto delito sería el de haberse apropiado de una colección de antigüedades que fueron encontradas en su vivienda durante un registro policial.
