Las obras de ampliación de la galería comercial de Alcampo, en el municipio de La Laguna, comenzaron en 2003 sin licencia, según confirmaron este jueves varios testigos durante la tercera sesión de la vista oral que sienta en el banquillo, por un delito de prevaricación urbanística, al exconcejal Francisco Gutiérrez y a dos funcionarios municipales. El Ayuntamiento precintó los trabajos, pero no llegó a incoar un expediente sancionador contra el centro comercial.
Los agentes de la Policía Local de La Laguna que realizaron inspecciones en septiembre de 2003, cuatro meses antes de que la Gerencia de Urbanismo concediera la primera licencia, ratificaron ante la jueza María Elena Hernández que, en el momento de su visita, la empresa había comenzado a realizar las obras vinculadas a la ampliación de la galería comercial. Los testigos explicaron que los trabajos consistían en “la apertura de una zanja, además de labores de canalización y cimentación”.
La versión de los agentes fue corroborada por las funcionarias de la Gerencia de Urbanismo Dolores Pérez y Rosa Ana García. Ambas reconocieron que el Ayuntamiento precintó las obras porque carecían de licencia, aunque ninguna de las testigos pudo justificar por qué se omitió el expediente sancionador.
Dolores Pérez admitió que la sanción era su responsabilidad pero, ante la insistencia del fiscal Rafael Ruiz, contestó que “no sabía” si el expediente se había incoado. Su compañera Rosa Ana García fue más allá y reconoció que no se inició ningún trámite contra la empresa porque “carecíamos de medios para ello”. Cuando el fiscal se interesó por su respuesta, lejos de retractarse, la técnico insistió en su argumento: “Ninguna administración impone todas las sanciones porque no hay medios”.
Rosa Ana García fue la encargada de redactar, en febrero de 2004, un informe favorable mediante el que se levantó el precinto a la empresa. La testigo explicó que su dictamen se elaboró como respuesta a la licencia que el 19 de enero otorgó el exconcejal Francisco Gutiérrez, a través de la que daba permiso al centro comercial Alcampo para iniciar los trabajos. La resolución del político se produjo pese a conocer un dictamen negativo de la jurista municipal Rosa María Paz, que se sienta a la izquierda del político en el banquillo de los acusados.
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