El grupo municipal en el Ayuntamiento de La Laguna Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) ha pedido este jueves por escrito al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la remisión “inmediata” del caso Grúas al juzgado que consideran competente, el de Instrucción número 2 de La Laguna.
En un comunicado, XTF-NC, acusación popular en el llamado caso Grúas, ha informado de que ha hecho ese requerimiento una vez ha entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, que suprime el aforamiento de los diputados y miembros del Gobierno de Canarias.
XTF-NC ha asegurado que en “círculos progubernamentales” se trata de difundir el “bulo” de que, a pesar de la entrada en vigor del Estatuto, el TSJC puede conservar la jurisdicción sobre este caso en el que se encuentra implicado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Para ello, ha apuntado el grupo municipal, esos círculos pretenden fundamentar la posibilidad de que el caso se mantenga en el TSJC con dos argumentos.
El primero es que la norma derogatoria del fuero tiene carácter desfavorable para Fernando Clavijo y, por tanto, no puede tener efectos retroactivos, pero, según XTF-NC, para defender esta idea se tendría que considerar que el aforamiento era un derecho de Fernando Clavijo.
“Es evidente que el aforamiento no es un derecho, aunque Clavijo lo esté defendiendo como si lo fuera, sino una prerrogativa de la Cámara o del Gobierno establecida en garantía del ejercicio de sus funciones. Precisamente porque no es un derecho de los parlamentarios ni de los miembros del Gobierno, estos no podían renunciar al fuero mientras existió”, ha reflexionado el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez.
Ha añadido que si el aforamiento fuera un derecho se hablaría de una disposición “claramente inconstitucional” porque significaría la existencia de un privilegio que es contrario a la igualdad ante la ley.
El segundo argumento que utilizarían, ha añadido Pérez, es que, a pesar de la entrada en vigor del Estatuto y de la derogación del fuero, no hay ninguna norma que impida que los casos en trámite continúen tramitándose por la misma vía en la que se encuentran, lo que ha considerado que es “un intento más” de aprovecharse del “desconocimiento” de algunos sectores de la población sobre estos asuntos.