Zerolo comunica al juzgado que investiga el caso Emmasa que se acogerá a su derecho a no declarar y que se puede ahorrar mandarlo a buscar a prisión

Tenerife Ahora

29 de septiembre de 2021 16:50 h

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El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo ha sugerido al Juzgado de Instrucción 3 de ese partido judicial que puede ahorrarse los trámites de mandarlo a buscar a la prisión Tenerife II para que declare como investigado en el caso Emmasa el próximo 5 de octubre porque se acogerá en cualquier caso a su derecho a no declarar. Zerolo, que cumple condena por el conocido como caso Las Teresitas, es una de las personas imputadas por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa tras descubrirse que el Ayuntamiento, bajo su presidencia, inició la devolución del canon que pagó la multinacional Sacyr para quedarse con la gestión del servicio público del ciclo integral del agua a través del control de la empresa municipal Emmasa.

Además de Miguel Zerolo también se encuentra encausado el exconsejero delegado de esa empresa, Pablo Abril Martorell.

Los hechos se conocieron en el corto periodo de tiempo durante el cual Coalición Canaria, el partido por el que fue alcalde Miguel Zerolo, abandonó el poder de la ciudad entre 2019 y 2020 después de haberlo ejercido durante 40 años en sus diferentes formulaciones políticas. La nueva mayoría, liderada por la alcaldesa socialista Patricia Hernández, descubrió que el consistorio había iniciado desde los tiempos de Zerolo la devolución del canon de 59 millones que había aportado Sacyr para ganar el concurso y quedarse con el control de la compañía mixta, Emmasa. 

En el momento de conocerse la irregularidad, el Ayuntamiento ya había devuelto 33 de los 59 millones que la multinacional había abonado como canon. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia por el concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo.

Los hechos que se investigan se remontan a diciembre de 2005, cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, adjudicó a la empresa Sacyr-Vallehermoso la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años a cambio del abono de 59 millones de euros por el canon para gestionar la infraestructura pública y 1,27 millones por la adquisición de 212 acciones de Emmasa. Dos años después, el consejo de administración de la empresa municipal decidió devolver a la multinacional el dinero desembolsado pagando 2,3 millones de euros cada año. 

Todo este entramado salió a la luz en 2018, cuando Emmasa reclamó al Ayuntamiento una subida de la tarifa del agua para los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife. Tras los informes de los técnicos del Ayuntamiento durante el gobierno socialista que confirmaron que la devolución se había estado produciendo al margen del pliego de condiciones del concurso, se decidió paralizar los pagos millonarios, que ya rondaban los 30 millones de euros. Y Unidas Podemos denunció los hechos, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y, ante el peligro de que prescribieran, ante el juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que admitió la querella a trámite justo un día antes de la prescripción.

El exalcalde Zerolo estaba convocado a declarar el próximo 5 de octubre, pero ya ha anunciado que se acogerá a su derecho a no hacerlo. No obstante, en un escrito remitido al juez le adelanta que utilizará esa prerrogativa a resultas del avance de la instrucción. Es decir, que no descarta pedir comparecer ante el instructor cuando convenga a sus intereses como investigado.

Miguel Zerolo cumple condena en la prisión Tenerife II por los mismos delitos que ahora se le imputan, prevaricación y malversación de caudales públicos, en la operación urbanística del frente de la playa de Las Teresitas, en la misma capital. Junto a él fueron condenados varios funcionarios, otro concejal y dos empresarios, uno de ellos ya fallecido, y el otro ya en libertad tras hacerse cargo de la devolución de la cantidad malversada (52 millones de euros) con sus correspondientes intereses, en total, casi 100 millones de euros que también fueron exigidos por el Ayuntamiento en el breve paréntesis durante el cual Coalición Canaria estuvo en la oposición.

En el caso Emmasa el Ayuntamiento, de nuevo en manos de ese partido, no ejercerá la acusación particular al decidirse con el voto de calidad del alcalde, José Manuel Bermúdez.