Jueces y periodistas corruptos con el culo al aire

A Juan Fernando López Aguilar se le sigue acusando todavía de haber creado por interés puramente partidista las fiscalías anticorrupción en las regiones más proclives de España a la picaresca y al me lo llevo crudo. En el caso concreto de Canarias, el Partido Popular de José Manuel Soria y la Coalición Canaria de todos los demás señalaron siempre al exministro de Justicia del Gobierno de Rodríguez Zapatero como una especie de Eliot Ness (Los Intocables) que solo perseguía a los adversarios del PSOE.

El tiempo y los procesos judiciales han ido arrebatando la razón a todos los autores de tales acusaciones, entre los que se encuentran avezados periodistas especializados en defender a corruptos previo pago de su importe exacto, y algunos jueces que se comprometieron con algunos de los más escandalosos autos y sentencias que se recuerdan.

El último caso ha sido, o mejor dicho, está siendo, el del empresario y abogado Luis Lleó, que acaba de reconocer ante la Audiencia Provincial de Las Palmas haber intentado sobornar al consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino para que levantara sus objeciones a una urbanización en aquella isla, lo que dio el pistoletazo de salida al llamado caso Unión.

Se trata, como casi todo el mundo recuerda, de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Canarias, y uno de los que más convulsiones paralelas ha sufrido.

Como ocurriera años después con el caso Corredor, en el que se vio envuelto el expresidente de Canarias Fernando Clavijo, también en el caso Unión se produjo la extraña desaparición de piezas trascendentales de un sumario y un cruce de denuncias que nos permitió a todos observar en primera línea cómo se intentaba sacar a los influyentes de sus imputaciones (en el caso de Clavijo se consiguió), mientras un juez era acribillado por los investigados y por la prensa afecta por instruir del modo que pudo una causa que estuvo desde el principio amenazada por los poderes corruptos de esta república bananera.

El magistrado César Romero Pamparacuatro, sobre el que cayeron todas las sospechas de corrupción que en realidad eran atributos de quienes le acusaban, tenía toda la razón cuando imputó graves delitos, como el cohecho, a quienes ahora terminan reconociendo los hechos.

Las tretas incluyeron la actuación de otro juez, Rafael Lis, recientemente jubilado, que instruyó la denuncia de Pamparacuatro por la desaparición del sumario de la forma más conveniente para los corruptos, hasta volverse en contra del juez denunciante. Lis fue sancionado por falta muy grave por el Consejo General del Poder Judicial por instruir ese caso y no abstenerse como exige la ley, dado que su pareja era la abogada de uno de los empresarios más poderosos de Lanzarote, Juan Francisco Rosa, imputado en el sumario desaparecido y a quien permitió personarse como acusación. Pese a la sanción de seis meses de suspensión por incumplimiento de sus deberes judiciales, Lis volvió a su juzgado tan ricamente y se jubiló en mayo pasado con todos los honores.

Con su confesión de ahora, Luis Lleó ha tirado por la borda años de insidias y de falacias, de insultos y de campañas de descrédito; miles y miles de euros pagados a los periodistas de la causa que, para colmo, se enfrentan a cuantiosas indemnizaciones por haberse creído los ángeles exterminadores de los buenos jueces y los buenos fiscales.

Su reconocimiento de los hechos en la búsqueda de una condena benévola que le evite ingresar en prisión deja también in puris naturalibus a sus compañeros de viaje en esta agitada aventura, particularmente al ya mencionado Juan Francisco Rosa, que en estos momentos debe estar viajando a China buscando a Lleó para que le ofrezca una explicación asumible.

Y al juez Salvador Alba, cuyas resoluciones coadyuvaron a proteger a los corruptos investigados frente a las fuerzas del orden y a los jueces de instrucción intentando anular la grabación que dio lugar al caso, aquella en la que Lleó trataba de sobornar a Carlos Espino para que se dejara de pendejadas y le aprobara el plan parcial a cambio de una mordida. Alba se sacó de la manga un auto anulando aquellas escuchas que en realidad fue una especie de documento en defensa propia - como dijo el actual fiscal anticorrupción al recurrirlo- con el que pretendía anular la grabación que a él le hizo Miguel Ángel Ramírez y que dio lugar, finalmente, a la condena de seis años y medio de cárcel con pérdida del cargo de juez, que ahora tiene recurrida ante el Supremo. Su auto fue anulado por la Audiencia Provincial con duros reparos jurídicos.

Dos jueces, una cuadrilla de periodistas (alguno de ellos fuera de Canarias, incluso), algún funcionario judicial y las fuerzas vivas de la corrupción lanzaroteña no han podido con la fuerza imparable de la verdad. Porque la confesión de Luis Lleó se condensa en una sola palabra: verdad.

Faycán y Eolo, dos sentencias dispares

Las tesis de los malos y de sus escribidores de cabecera sobre la mano perversa de las fiscalías creadas por López Aguilar también se tropezaron no hace mucho con la inquebrantable fuerza de la verdad en otros dos casos de corrupción del PP.

Todos ellos sostuvieron en su día que la operación policial y judicial por el caso Eolo estuvo manipulada y dirigida por los malévolos socialistas para joder a sus adversarios, cuando la realidad que arrojó el juicio y la consiguiente sentencia confirmó la directa implicación de un cargo público del Partido Popular de José Manuel Soria en el intento de sacar tajada del concurso de asignación de potencia eólica de principios de siglo. Un solo cargo público -hay que recalcar- porque la investigación policial miró para otro lado cuando iba a superar al pobre director general condenado. Hay que creerse que, pese a tener el teléfono intervenido, durante meses no realizó ninguna llamada a su consejero y convocante del concurso eólico, el hermanísimo Luis Soria.

También en este caso resultó providencial la confesión de los delitos de varios de los encausados, del que vamos a destacar aquí por su frenesí al abogado Alfredo Briganty Arencibia, que también invirtió mucho tiempo y dinero en comprar periodistas que lo defendieran durante años y en publicar un libro en el que acusaba de conspirar contra él a jueces, fiscales y periodistas, a los que insultó de un modo muy barriobajero impropio de la clase y la categoría de la que siempre presumió.

Tras sustraerse a la acción de la justicia, ser conducido ante el juez por la fuerza pública y anunciar urbi et orbi que en el juicio se sabría toda la verdad, lo que hizo Briganty fue reconocer los hechos y dejar como mentirosos (y bastante gilipollas) a todos los que se desgañitaron en su defensa.

En el caso Faycán podía haber ocurrido algo parecido si no fuera por los extraños sucesos que se produjeron en torno al juez Alba. Ya suspendido por el Consejo General del Poder Judicial por sus comportamientos corruptos y gozando de una extravagante baja por enfermedad, presidió el tribunal y fue el ponente de la sentencia de este sonado caso de corrupción del PP en Telde.

Mientras que 21 acusados reconocieron los hechos, es decir, sus conchabos con el ayuntamiento de Telde, los siete que no lo hicieron, es decir, los funcionarios y ex alcaldes de la ciudad, fueron absueltos de todos los cargos. Fue el último servicio que hizo a la causa de la conspiración el juez Alba para dejarnos a todos con la incógnita de cómo puede ser posible que unos copartícipes sean condenados por reconocer los hechos (el pago de comisiones a cambio de trato de favor en el Ayuntamiento) y los otros copartícipes sean absueltos por los mismos hechos no reconocidos.

Pero, ya se sabe, por donde pisa el juez Alba no vuelve a resplandecer la Justicia.